Guadalajara, Jal., En un primer golpe legal contra el aumento a la tarifa del transporte público y la imposición de una tarjeta por el gobierno estatal para obtener descuentos en el pasaje, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa otorgó una suspensión provisional a 35 estudiantes para acceder al subsidio sin la obligación de obtener el plástico bancarizado.

La acción judicial surge en respuesta a la determinación oficial de obligar a los usuarios a integrarse a un esquema financiero privado para gozar de tarifas preferenciales, una vez que el próximo primero de abril entre en vigor el incremento de 9.50 a 14 pesos al pasaje, y a 11 pesos si se porta la tarjeta cuyo uso condiciona la entrega de datos ersonales.

Para lograr esta resolución se contó con el impulso de la Comisión Legal del Tarifazo en Jalisco, que ha señalado que representa la primera gran victoria jurídica en el tema, en la que también hay marchas semanales en el centro de Guadalajara y están a consideración la realización de un plebiscito y un referendo.

El tribunal determinó que el subsidio no puede estar supeditado a la entrega obligatoria de información sensible, garantizando así la libertad de elección y la privacidad de los jóvenes.

El magistrado José de Jesús Flores Herrera, encargado de elaborar el proyecto de resolución, revocó la negativa inicial de un juzgado de distrito, señalando la necesidad de proteger a los ciudadanos mientras se resuelve el fondo del juicio.

Gracias a esta medida cautelar, los estudiantes beneficiados podrán continuar utilizando sus credenciales actuales o realizar sus pagos en efectivo para mantener la tarifa subsidiada, evitando ser forzados a un esquema de bancarización que consideran inconstitucional.

Este fallo trasciende el ámbito estudiantil, pues los promoventes subrayan que sienta un precedente nacional en la defensa del derecho a un transporte público accesible, sin condicionamientos tecnológicos o comerciales que vulneren derechos fundamentales.

Actualmente, el equipo jurídico mantiene en trámite otros amparos presentados por adultos mayores y trabajadores del estado, y esperan obtener resultados similares que protejan a más sectores de la población.

El gobierno de Jalisco ha manifestado que, aunque no ha sido notificado oficialmente, analizará la argumentación de la suspensión una vez que sea recibida para actuar en consecuencia.