El Tribunal Electoral de la Ciudad de México revocó el acuerdo con el que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN pretendió dar por cumplidas las sanciones que el mismo órgano jurisdiccional intrapartidario impuso al ex diputado local Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir de una denuncia promovida por una ex militante de ese partido.

En octubre pasado, al confirmar la existencia de la conducta denunciada, dicha comisión resolvió imponer a Bonilla, como medidas de reparación, una disculpa pública, la prohibición de acercarse a la víctima y tomar un curso sobre perspectiva de género.

El también ex aspirante a la dirigencia del PAN en la Ciudad de México en 2018 evitó el cumplimiento del castigo al señalar que esas medidas fueron impuestas para obtener la suspensión provisional del proceso penal en su contra ante tribunales del Poder Judicial local.

En la resolución del Tribunal Electoral, a partir de un proyecto del magistrado Jesús Hernández Rodríguez, que fue aprobado por unanimidad del pleno –integrado por Laura Patricia Jiménez Castillo, Karina Salgado Luna, Osiris Vázquez Rangel y el presidente Armando Ambriz Hernández–, se determinó revocar el acuerdo de la Comisión de Justicia en el que dio por cumplida la resolución y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento: “que verifique y supervise la ejecución posterior, efectiva y completa de cada una de las medidas ordenadas en la resolución del 23 de octubre de 2024”.

Lo anterior se hizo, al advertir que había sustentado dicho acuerdo “en actos ejecutados con anterioridad a la emisión de la resolución y en medidas adoptadas dentro de un procedimiento penal diverso, lo cual resulta incompatible con la autonomía de los procedimientos y con los principios de legalidad y certeza jurídica”.

Además, ordenó a la Comisión de Justicia a actuar en lo sucesivo “con mayor diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional en la sustanciación y resolución de los asuntos vinculados con violencia política contra las mujeres en razón de género, garantizando respuestas oportunas, completas y fundadas que eviten la revictimización y aseguren un acceso efectivo a la justicia intrapartidaria”.