Tenejapa, Chis., Bajo una enorme carpa instalada en la plaza principal del municipio de Tenejapa, más de 2 mil personas de comunidades indígenas de los Altos de Chiapas se reunieron para atestiguar una escena inédita: a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionando fuera de su sede, frente al público, para resolver un caso cuyo fallo fijó un criterio de alcance nacional en favor de los pueblos originarios.

El lugar se transformó en una pasarela de las comunidades tsotsiles y tseltales de la región, que lucieron sus mejores prendas, cada una con nombres propios según la localidad: huipiles, chuj, camisa y calzón de manta, entre muchas otras variedades.

La elección de Tenejapa como sede de la primera sesión itinerante no fue casual. Desde el máximo tribunal del país se explicó, en comunicaciones oficiales, que la decisión obedecía a una “clara pertinencia social y territorial”.

El municipio está en el corazón de un estado que concentra la tercera población indígena más numerosa de México –con presencia de 12 de los 68 pueblos originarios del país– y que arrastra profundas brechas estructurales: en Chiapas, cerca de 70 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional.

A su llegada, les colocaron rápidamente el traje tradicional de Tenejapa, el mismo que usan las autoridades locales al impartir justicia.

Sólo el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y los ministros Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Guerrero García eligieron permanecer vestidos con la indumentaria tsotsil, mimetizándose entre la población.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en cambio, conservaron la solemnidad de la toga, pero agregaron una estola tradicional.

“Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo… Que ustedes vean que somos de carne y hueso”, declaró el ministro Aguilar después de iniciar la sesión con el golpe de mallete.

Pese al carácter histórico del acto, los ministros Giovanni Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo participaron a distancia, mientras la ministra María Estela Ríos González se ausentó, aunque, según fuentes judiciales, su participación remota estaba prevista.

Aguilar Ortiz subrayó el sentido del encuentro: por primera vez en la época contemporánea, la SCJN dejaba su sede para sesionar en territorio, con la intención de acercar la justicia a las comunidades y deliberar frente a la ciudadanía.

Chiapas fue el cuarto estado donde ha sesionado el máximo tribunal, aunque por razones distintas. En sus más de dos siglos, cambió de sede según la coyuntura política: en 1847 operó en Querétaro bajo el gobierno de Manuel de la Peña y Peña y regresó al año siguiente a Palacio Nacional; en 1863, el presidente Benito Juárez la instaló en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí.

En la plaza, miles de asistentes siguieron los trabajos con atención, entre largos silencios y discretos aplausos. La traducción simultánea de parte de las intervenciones al tsotsil y al tseltal ralentizó la sesión y dejó uno de los tres asuntos sin resolver; más tarde, la interpretación dejó de realizarse.

Tras más de tres horas, el pleno resolvió dos temas: concedió el amparo a la comunidad tsotsil La Candelaria, y validó la facultad del estado de Hidalgo para declarar la charrería patrimonio cultural inmaterial, impugnación promovida por la Presidencia.

Al concluir, siguieron mensajes de autoridades locales, de los ministros y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Antes de retirarse, varios ministros fueron rodeados por pobladores que buscaban saludarlos o plantearles sus inquietudes.