a secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ayer que el gobierno al cual representa no tiene constancia de ningún informe sobre estadunidenses heridos, secuestrados o asesinados durante los episodios de violencia suscitados en gran parte del territorio mexicano tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “trabajando activamente para garantizar la seguridad de los estadunidenses en México”. Aunque pudo haberse limitado a estas declaraciones protocolarias, añadió una baladronada innecesaria: “los cárteles de la droga mexicana saben que no deben tocar ni un solo pelo a ningún estadunidense o pagarán graves consecuencias bajo la presidencia de Donald Trump”, aseveró.
Es imperativo que la funcionaria especifique a qué se refiere cuando habla de “consecuencias” ante actos de grupos criminales que tengan lugar en México. Si con ello alude a cualquier forma de intervención de Washington en nuestro país o pretensión de aplicar extraterritorialmente las leyes estadunidenses, como parece ser el caso, sus declaraciones se encuentran fuera de lugar y son en todo punto inaceptables. El amago de atacar a criminales en territorio mexicano no es una amenaza contra los cárteles, sino contra México: aquí hay un sistema de seguridad pública, un sistema de impartición de justicia y un marco legal que son los facultados para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en territorio nacional. Sugerir que un poder extranjero puede infligir consecuencias dentro de México ignorando a las autoridades locales y el debido proceso es un acto de violencia intolerable contra la soberanía nacional.
Lamentablemente, el exabrupto de Leavitt no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de faltas de respeto hacia México por parte de funcionarios, legisladores y políticos estadunidenses, quienes contravienen tanto las más elementales normas de las relaciones entre estados, como las posturas oficiales de los partidos a los que pertenecen y las administraciones para las que trabajan. En este sentido, es significativo que la vocera haya emitido sus comentarios minutos antes de que el embajador de Washington en nuestro país, Ronald Johnson, llegara a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hace justo un mes, el director de la Oficina Federal de Investigación, Kash Patel, incurrió en una falta parecida al mentir sobre un inexistente operativo conjunto de fuerzas mexicanas y estadunidenses para capturar a un presunto narcotraficante, y eventos similares se han sucedido desde que Joseph Biden estaba en la Casa Blanca.
El desorden declarativo de los funcionarios trumpistas no atañe sólo a México. La semana pasada, la vocera del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, tuvo que dejar su cargo al convertirse en chivo expiatorio por las calumnias escandalosas que ella misma, su superior, la secretaria Kristi Noem, el propio Trump y otros altos jerarcas lanzaron contra Alex Pretti, el enfermero brutalmente asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, Minesota. En suma, la comunicación caótica y mendaz del equipo del magnate ya le está pasando una pesada factura política dentro de Estados Unidos, y es necesario hacerle ver que también es inadmisible cuando se traduce en faltas de respeto a México.
