a Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que el presidente Donald Trump transgredió la Constitución al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los mal llamados aranceles “recíprocos” a un centenar de países. De acuerdo con el máximo tribunal, el Ejecutivo requiere la autorización del Congreso para llevar a cabo acciones de “gran trascendencia económica y política”, entre las cuales se incluye el establecimiento de tarifas comerciales indiscriminadas. A raíz del fallo, se estima que empresas estadunidenses podrían solicitar devoluciones por hasta 175 mil millones de dólares, lo cual, de concretarse, sería un golpe demoledor para las finanzas públicas en un contexto de recortes masivos de impuestos a los más ricos y gasto descontrolado en la persecución de migrantes y el armamentismo.
La administración republicana pudo haber aprovechado la coyuntura para culpar al Poder Judicial por el déficit fiscal y, al mismo tiempo, capitalizar la bajada de precios en los productos importados para adjudicarse un buen manejo de la inflación de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar a final de año. Sin embargo, Trump no es un individuo capaz de soportar que se le contradiga, ni siquiera cuando ello le beneficia. En vez de usar la sentencia para abordar la crisis de costos que se perfila como principal tema de campaña, reaccionó con un ataque visceral a los jueces que han legitimado casi todas sus violaciones a las leyes, y anunció de inmediato un arancel global de 10 por ciento. Éste se sustenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al presidente para imponer restricciones temporales a la importación por un máximo de 150 días en caso de desequilibrios graves de la balanza comercial o como medidas de represalia. Dado su limitado alcance temporal y la evidente ilegalidad de aplicar esta medida a países con los que no existe asimetría marcada en la balanza comercial, se da por sentado que el uso de la cláusula citada es un recurso transitorio en tanto la Casa Blanca da con otras maneras, legales o no, de mantener la guerra comercial en la que embarcó al planeta.
Para México, el veredicto supone una pérdida relativa de competitividad: hasta el momento, más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se encuentran libres de todo gravamen al estar amparadas por el T-MEC, pero sin los aranceles “recíprocos”, otros países padecerán menos cuotas de las que venían pagando. A la vez, siguen en pie los impuestos dirigidos a cobre, aceros, aluminio, semiconductores, maderas, automóviles y otras mercancías sin contenido estadunidense; es decir, los que más afectan a la industria mexicana. Por ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aconsejó prudencia y cabeza fría para entender y asimilar los cambios en tanto se esclarecen sus pros y contras.
Los hechos son, por una parte, que el trumpismo recibió un fuerte golpe político al mostrarse que ni unos jueces tan parciales y obsecuentes con él como los que instaló en la Corte Suprema durante su primer periodo presidencial, están dispuestos a complacerlo cuando sus caprichos afectan a poderosos intereses empresariales. Por otra, que el magnate no cejará en el empeño de imponer su voluntad sin importar las consecuencias, por lo que el resto del mundo, y en particular naciones con un elevado nivel de integración a la economía estadunidense como México, deberán persistir en el desarrollo de nuevas estrategias de adaptación y resiliencia, al menos hasta el final del mandato de Donald Trump.
