Almoloya de Juárez, Méx., Tomás Gabriel Crisanto recobró la libertad ayer en la tarde tras estar preso en el penal de Santiaguito durante en los últimos 13 años por un crimen que no cometió.

Su salida se dio horas después de que el pleno de la sala de asuntos indígenas del Poder Judicial mexiquense votó por unanimidad excarcelarlo por amnistía, ya que se comprobó que en su proceso penal se violentaron sus garantías individuales.

Según los magistrados de dicha sala tras la revisión de su expediente Tomás Gabriel, sentenciado a 43 años de prisión por homicidio, nunca contó con un intérprete ni con defensa que conociera su lengua y cultura, pese a que él se describe a sí mismo como una persona indígena de la etnia otomí.

Su expediente fue analizado previamente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la cual se pronunció en favor de que se le concediera amnistía, pues se cumplían los supuestos para acceder a este beneficio.

La Codhem indicó en un comunicado que Crisanto padeció “una barrera lingüística y cultural que impactó en su derecho humano a una defensa adecuada y a un acceso igualitario a la justicia”, y atender “las barreras estructurales que enfrentan las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del sistema de justicia penal”.

Gabriel Crisanto, originario de la comunidad Jiquipilco El Viejo, del municipio de Temoaya, denunció a su sobrino en 2013 por disparar contra un hombre a quien dio muerte.

Policías ministeriales lo detuvieron antes de que saliera del Ministerio Público de Lerma, y desde entonces quedó privado de la libertad. El juzgado de juicio oral del distrito judicial de Toluca lo sentenció a 43 años nueve meses de prisión el 8 de mayo de 2014.

Ayer, alrededor de las 15:30 horas, tres horas después de recibir la resolución de la sala de asuntos indígenas del Poder Judicial mexiquense, Gabriel Crisanto abandonó el penal de Santiaguito. Ya lo esperaban su esposa y familiares, quienes en las ultimas semanas se plantaron ante las instalaciones de la fiscalía estatal y del Poder Judicial reclamando su liberación, pues la Codhem ya se había pronunciado por la amnistía.

Al salir, Tomás pidió al Poder Judicial que revise los casos de más de cien indígenas que están recluidos en cárceles mexiquenses; en especial el de tres indígenas oaxaqueños de apellidos Santiago Lorenza, quienes se encuentran delicados de salud debido a torturas a las que fueron sometidos.