En la administración del priísta Roberto Sandoval (2011-2017) en Nayarit y su entonces fiscal estatal Édgar Veytia, las instalaciones de esta institución habrían sido utilizadas para torturar y desaparecer a personas, mediante entierros ilegales en el estacionamiento Los Pinos o fosas clandestinas en el estado, denunciaron colectivos de familiares de desaparecidos, que acompañan el trabajo de inspección que realiza en la zona la Comisión de Búsqueda local.

Rosa María Jara, representante de Búsqueda de Nuestros Corazones, afirmó que esta acción se logró tras casi una década en la que han recabado testimonios de personal que trabajó en la fiscalía, mensajes anónimos “y las mismas investigaciones que hicimos al exterior”.

Las desapariciones forzadas en el gobierno de Sandoval, actualmente detenido, llevaron a la Federación Internacional por los Derechos Humanos y a Idheas a presentar en 2021 una denuncia ante la Corte Penal Internacional, en la que instaron a que considere iniciar una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México.

En el informe de ese momento, señalaron que entre junio y septiembre de 2017, al menos 47 personas fueron desaparecidas presuntamente por la fiscalía estatal de Nayarit.

En entrevista, Jara Montes compartió su propia experiencia, pues su hijo Alejandro López fue desaparecido tras haber sido detenido por elementos estatales el 22 de junio del 2017.

Recordó que fue hallado en abril del 2019 en una fosa clandestina. “Hay una declaración de un testigo protegido, que textualmente dice: ‘estos jóvenes no aguantan la putiza’, mueren en esas instalaciones (de la fiscalía estatal) y son llevados a una fosa en una camioneta de la policía”.

Además, indicó que a uno de los sentenciados por este caso, se le encontraron mensajes de “un comandante que lo obligaba a reclutarle jóvenes para que se integraran a las filas del cártel que tenía la fiscalía”, encabezada por Veytia, detenido en el 2019 después al cruzar la frontera de San Diego, California.

Expuso que en los trabajos de búsqueda en la fiscalía de Nayarit, que comenzaron el lunes pasado, están acompañados por la Comisión de Víctimas y la de Derechos Humanos estatal.

Alejandra Pérez, del Familias Unidas por Nayarit, recordó que en diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República realizó una inspección en las instalaciones de la fiscalía estatal, derivado de un caso en específico, pero sin resultados positivos.

Ahora, se hará un trabajo “mucho más amplio (por la comisión local) y más exhaustivo para que de una vez se tenga la certeza de que realmente se realizaron búsquedas en estas instalaciones”, señalaron los colectivos.