a decisión de retirar de las calles al ejército, y a una parte sustancial de los agentes de la patrulla fronteriza y del ICE, ha dado un respiro a quienes han vivido en la zozobra los meses recientes en Los Ángeles, Chicago, Portland y, desde luego, Mineápolis. Es, sin lugar a dudas, un logro de la presión que los ciudadanos ejercieron contra la administración del presidente Trump en respuesta a su política supuestamente diseñada para combatir la migración indocumentada. Desafortunadamente dos personas pagaron con sus vidas el “atrevimiento” de desafiar a los enviados de Trump en su cometido de encarcelar a todo aquel se interponga en su cruzada.

Es muy pronto para interpretar el gesto de Trump como una muestra de un cambio en su atroz política migratoria. Sus propios compañeros de partido le advirtieron que los excesos de sus operadores ponen en peligro la posibilidad de ganar en las elecciones del próximo noviembre. En todo caso, Trump ha puesto en marcha toda una estrategia para que ello no suceda, que ya habrá tiempo de comentar.

Por lo pronto, empieza a aclararse la razón de la prisa por encarcelar al mayor número de personas, indocumentadas o no. Los recursos para ese propósito suman millones de dólares y el costo de su mantenimiento miles de millones más. Cabe recordar que, en los albores de la gestión de Donald Trump, en este espacio se comentó ( La Jornada, 5/2025) que, de acuerdo con la página Open Secrets, 43 por ciento de los ingresos de las compañías privadas más importantes en la construcción, mantenimiento y servicios de las prisiones, GEO y CoreCivics, proviene de los contratos con agencias gubernamentales que en alguna medida están ligados a la política migratoria gubernamental. “Estados Unidos va a gastar miles de millones de dólares en los próximos cuatro años para aumentar su capacidad de encarcelamiento de migrantes”. ( NYT, 4/2025)

Un dato revelador es que al día siguiente en que Trump tomó posesión como presidente, el valor de las acciones de dichas compañías subió 43 y 29 por ciento, respectivamente. En ese entonces, los dueños de ambas anunciaron que se abría “una oportunidad sin precedente” en sus actividades. Cuando Trump informó que 45 billones se destinarían a la construcción de centros de detención, algunas corporaciones privadas, entre ellas GEO, anunciaron planes para incrementar 6 mil camas más en los centros existentes, o en la construcción de nuevos. ( NYT, 7/2025)

Conclusión: no es ingenuo establecer la relación de una política migratoria tan inhumana y astringente, no tanto para el control de la migración como para el enriquecimiento de funcionarios y grupos económicos afectos al presidente.