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“Seguirán inspirando la lucha contra el sistema capitalista”

Vigentes, los acuerdos de San Andrés, pese a no haberse cumplido: Frayba

“Eran la opción de un pacto nuevo con los pueblos originarios, pero fueron traicionados”, señala

Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 16 de febrero de 2026, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., A 30 años de haber sido firmados los acuerdos de San Andrés por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “son vigentes porque contienen muchos de los derechos colectivos que hoy día se ejercen de facto” como en las comunidades zapatistas, afirmó Pedro Faro Navarro, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Señaló que “persiste la negativa del Estado mexicano de reconocer a plenitud los derechos de los pueblos originarios, porque hay intereses de inversión nacional e internacional en sus territorios, que son los más ricos en minería y agua, por ejemplo”.

Es claro que el Estado no los va a reconocer

Agregó que “hoy día ya no es necesario seguir exigiendo el cumplimiento de esos tratados firmados el 16 de febrero de 1996, porque es claro que el Estado mexicano no los va a reconocer porque entorpecen sus relaciones económicas en ese sistema capitalista actual. No los va a reconocer nunca, porque no le conviene reconocer el derecho al territorio ni que los pueblos decidan sobre ellos su forma de vida”. Manifestó que “a 30 años, en varios de los 68 pueblos originarios existe la conciencia de qué derechos tienen respecto a todo el proceso de lucha y resistencia que han tenido; hay una conciencia muy potente y desde ahí se van a generar procesos de vida”.

Refirió que “los acuerdos contemplan elementos importantes como el territorio, la autonomía, la libre determinación, los derechos colectivos que representan las formas de gobierno de los pueblos originarios, sus sistemas normativos propios. “Es un documento muy rico en el que era una especie de constituyente, en el que a final de cuentas el Estado mexicano iba a reconocer a la raíz, a la matriz madre que le da sustento a esta nación que son los pueblos originarios”, admiitió.

En entrevista, destacó: “En la actualidad está muy claro por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN que las acciones que hacen para la persistencia de sus pueblos es a partir de lo que ellos puedan seguir construyendo desde abajo, desde la organización colectiva y comunitaria en consonancia con los demás pueblos del mundo, porque hoy los contenidos de los acuerdos representan también mucho del sustento de la humanidad que es el respeto a la madre tierra, a la espiritualidad, a tener una relación más directa en la forma de organización, de construir proyectos en conjunto para el buen vivir y allí está basado en el espíritu de San Andrés, que seguirán inspirando la lucha y resistencia en contra del sistema capitalista, sobre todo”.

Documento fundamental en la historia reciente del país

Faro Navarro señaló que los tratados, que no se han cumplido, “representan hoy en día uno de los documentos fundamentales en la historia reciente de México, con la gran posibilidad de un pacto social en el que se reconocía a los pueblos originarios, olvidados por más de 500 años de lucha, de resistencia de larga duración”.

Comentó que en la visión de generar un pacto para una nueva relación con el Estado-nación, se dio a propósito del levantamiento zapatista que le dio ese gran realce a la palabra de los pueblos originarios, históricamente anulada y olvida en una perspectiva racista del Estado mexicano.

Recordó que el gobierno mexicano suscribió los acuerdos hace 30 años “en medio de una hipocresía del Estado que a la par de los diálogos echó a andar la estrategia de contrainsurgencia. En 1995 y 1996 hubo en Tila, Tumbalá, Sabanilla y Yajalón, entre otros municipios, una guerra muy cruenta con graves violaciones de derechos humanos”.

En su opinión, los tratados “eran la opción por construir la paz basada en el diálogo y la posibilidad de un pacto nuevo con los pueblos originarios, pero fueron traicionados por el presidente Ernesto Zedillo, que los desconoció, y luego quedó una ley mutilada después de la Marcha del Color de la Tierra de 2001”.

Mencionó que “hoy hay una ley aprobada en 2024 en la que se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, pero una vez más en la Constitución quedaron plasmados derechos de manera simbólica que no se aterrizan a derechos concretos y tangibles para que los pueblos puedan ejercerlos”.

Añadió que “el contenido de la reforma no tiene el elemento básico, que es el territorio donde se goza y disfrutan los demás derechos colectivos que implican los bienes comunes y el reconocimiento propio de su territorio para ejercer sus derechos de decidir sobre esas tierras en el ámbito de ese desarrollo que ellos quieren”.