La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) imputó nuevas acusaciones contra colaboradores del ex gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo: el ex secretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza, actualmente preso, e Israel Patrón Reyes, ex secretario de Seguridad Pública, por uso ilícito de atribuciones y facultades al haber pagado indebidamente más de 138 millones de pesos de recursos federales a dos empresas gasolineras y una compañía de seguros.

Fuentes judiciales señalaron que la audiencia inicial de Maldonado Mendoza se realizó el 4 de febrero y se decretó su vinculación a proceso, por lo que ahora está sujeto a dos procesos, uno ante una juez en Morelia y otro en la Ciudad de México.

De acuerdo con la orden de aprehensión, la jueza federal Yaksi Kinari Alquicira, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán, la fiscalía que encabeza María de la Luz Mijangos Borja consideró que se les podrían imponer hasta 12 años de prisión por los pagos indebidos.

La orden de aprehensión, solicitada el pasado 31 de enero, señala que los recursos de los cuales se realizaron dichos pagos provinieron del ramo 28, denominado “participaciones a entidades federativas y municipios y/o partida estatal”.

Los recursos fueron desviados del 17 de enero al 25 de noviembre de 2020, durante el mandato de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán del 1º de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

Los tres ex funcionarios enfrentan otro proceso penal por desvío de más de 3 mil millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la construcción de cuarteles de policía en la entidad.

Maldonado Mendoza se encuentra preso en la Ciudad de México, mientras Patrón Reyes es considerado prófugo de la justicia. La FGR ya solicitó su extradición al gobierno de Estados Unidos, donde presuntamente ya ha sido ubicado.

Los 138 millones de pesos fueron desviados mediante 87 solicitudes de pago, y según las constancias judiciales, se entregaron 100 millones 236 mil 619 pesos a Grupo Octano, 30 millones 2 mil 15 al Centro Carretero San Jorge y 8 millones 357 mil pesos 15 pesos a Seguros El Potosí.

La carpeta de investigación que dio origen a este nuevo proceso penal se integró por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, que señala que no existen constancias de que los servicios se hubieran realizado ni contratos que soportaran las transferencias financieras a las empresas gasolineras.