El notario 116 de la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, afirmó que es falso que en su calidad de fedatario haya regularizado la construcción en el predio de Coahuila 28, colonia Roma, como aseguraron vecinos a este diario.

En referencia a la nota publicada el 12 de febrero, también negó categóricamente que haya otorgado escritura alguna a favor de su hijo, toda vez que dicho acto “sería jurídicamente imposible conforme a la Ley del Notariado y no hay registro que sustente tal aseveración”.

Al ejercer su derecho de réplica por las declaraciones de residentes de esa colonia que dijeron ser afectados por la inclinación de dicho inmueble, agregó que no se encontraba en situación irregular, por lo que no hubo proceso de regularización alguno.

Asimismo, rechazó que el predio haya sido sujeto a una expropiación en 1985, pues de haber ocurrido el edificio estaría en el Registro de la Propiedad Pública y no en el Registro de la Propiedad de la Ciudad de México, “donde se encuentra debidamente inscrito hoy”.

Prueba de lo anterior, es el certificado de zonificación y uso de suelo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es decir, si el inmueble fuera público no tendría esa certificación privada, agregó Morales Lechuga.

A su vez, la empresa GDC Desarrollos señaló que con un estudio técnico, realizado el 19 de junio de 2024, se determinó que el hundimiento del edificio “es una ligera inclinación de 22 centímetros, sin que en dicho dictamen se atribuya su origen al desarrollo ejecutado” por dicha compañía. Lo anterior, agregó, debido a que también existe una demolición activa en Coahuila 34, que tampoco fue considerada dentro del análisis periodístico.

En cuanto a la supuesta falla geológica, agregó que un estudio de mecánica de suelos concluyó que ninguno de los registros obtenidos con el georradar mostró anomalías, por lo que dicha afirmación carece de respaldo técnico.

Además, sostuvo que ante las peticiones de los residentes, el 31 de julio de 2024 se transfirieron 318 mil 188 pesos a una cuenta bancaria a nombre de Irene Aurora Velázquez Romero para el pago de un análisis de seguridad estructural; sin embargo, “se tiene conocimiento de que el monto referido no ha sido entregado a los vecinos del predio ubicado en Coahuila 30”, que presuntamente continúa bajo la administración de la señora Velázquez Romero.