Tula, Hgo., Después de más de cinco años de parálisis y de disputas legales, ayer se llevó a cabo un operativo de restitución que permitió al consejo de administración de la cooperativa La Cruz Azul, liderado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, recuperar el control físico y legal de la planta cementera, ubicada en el poblado de Jasso, municipio de Tula, que estuvo bajo el control del grupo afín al ex presidente de la misma, Guillermo Billy Álvarez Cuevas. Las autoridades reportaron 33 personas detenidas.

La diligencia comenzó alrededor de las 4 horas y la encabezó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y policías municipales, que cumplieron la orden de un juez mexiquense de devolver el inmueble a quienes fueron ratificados como sus legítimos dueños.

Durante la recuperación de la factoría se reportaron disparos de arma de fuego y un conato de refriega entre civiles y fuerzas del orden, lo cual resultó en detenciones y daños a patrullas. Antes, las vialidades que conducen a la cementera fueron cercadas por efectivos estatales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó, en tanto, que los 33 arrestados fueron puestos a disposición de esta dependencia; además, aclaró que no hubo personas heridas o fallecidas, pese a que vecinos reportaron detonaciones por arma de fuego durante el desalojo.

Según testigos, temprano se escucharon múltiples disparos. Aunque no se logró identificar de dónde provenían, la SSPH reportó que los agentes que apoyaron en el operativo no iban armados.

Ante el arribo de decenas de uniformados, trabajadores de la cementera, del bando que mantenía la posesión de la planta, alegaron tener un recurso legal que los ampara con el fin continuar detentando el inmueble, pero no se les permitió acercarse al mismo.

Cerca de las 9 horas arribó al lugar Magdiel Carreña Cortés, abogado del grupo que lideraba Federico Sarabia Pozo –afín a Billy Álvarez–, quien calificó de abuso de autoridad y un acto arbitrario que la FGJEM se inmiscuyera en asuntos que competen al estado de Hidalgo.

Mientras el jurista, junto con otras personas discutía ese tema con los oficiales, un grupo de trabajadores cercano a Velázquez Rangel ingresó a la planta y tomó posesión, lo cual causó la molestia de sus contrario, luego de lo cual se suscitó un zafarrancho entre civiles y policías, lo que derivó en afectaciones a patrullas y detenciones. A la par, desde adentro de la planta personas lanzaron gas y petardos; uno de ellos lastimó a una reportera.

Durante la actividad policial familiares, de los ahora detenidos, denunciaron que 33 personas, quienes permanecían afuera de la factoría para hacer rondines no aparecían, y los reportaron como “no localizados”.

La PGJEH explicó que 31 de ellas habían sido arrestadas “por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares, y dos, por portación de arma de fuego”.

Asimismo, se dio a conocer que elementos de la SSPH mantendrán bajo su resguardo la cementera.

Temprano, en un mensaje de redes sociales, Velázquez Rangel, líder del grupo contrario al de Álvarez Cuevas, confirmó “el éxito de la recuperación” y afirmó que este acto pone fin al “secuestro” de la unidad industrial.

La Comisión de Derechos Humanos estatal comunicó que abrió una queja de oficio por los actos registrados en la cementera Cruz Azul, derivado de lo difundido en medios para determinar posibles violaciones a las garantías individuales.

Captura de Billy Álvarez no frenó la pugna por la fábrica

En agosto de 2020, autoridades giraron tres órdenes de arresto contra Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero; en enero de 2025 fue capturado, pero eso no detuvo la pugna entre los dos bandos que se disputaron la titularidad de la fábrica. El 31 de agosto de 2025, Federico Sarabia Pozo, líder del grupo que controlaba el inmueble, fue arrestado por delincuencia organizada y blanqueo de dinero.

El complejo de Tula representa 40 por ciento de la producción total de la cementera y es el eje económico de la región. Las pérdidas en estos años superan los 25 mil millones de pesos y afectaron a más de 2 mil 800 familias que dependen de la cooperativa.