Cerralvo, NL., La empresa Matrimar –dedicada a la extracción de material pétreo– acusó al gobierno de Nuevo León, a cargo del emecista Samuel García Sepúlveda, de un intento de extorsión luego de “una visita atípica” ayer de sus funcionarios a la compañía cuando estaba por reanudar actividades tras cumplir con una suspensión emitida por la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

En un comunicado, publicado en sus redes sociales, destacó que “en una visita atípica autoridades de Nuevo León se presentaron a la fábrica, (en el municipio de Cerralvo), a la una de la madrugada con la consigna de clausurar nuestras instalaciones”. Lo anterior, señaló, “ocurrió después de que, en una llamada solicitada por un cercano al gobernador se rechazara un nuevo intento de extorsión”.

Puntualizó que “Matrimar no cederá ante los intentos institucionales de solicitar pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo ya perseguidas penalmente en el país”, afirmó en su boletín.

El 10 de febrero anterior la empresa dio a conocer que reanudaría sus actividades el 11, luego de ganar una batalla judicial tras ser suspendida por autoridades de medio ambiente ante presuntamente contaminar en la sierra de Picacho.

“Después de haber refrendado en distintas instancias que la razón administrativa y legal está de nuestro lado, Comunidad Matrimar consiguió, sin intermediarios políticos, reanudar sus actividades productivas a partir de resoluciones del Poder Judicial (…). La rea-pertura confirma lo que siempre hemos sostenido: nuestra operación es legal, responsable y auditable”, afirmó.

En marzo de 2025, personal de la Secretaría de Medio Ambiente clausuró los trabajos de la pedrera “por las emisiones contaminantes generadas durante sus actividades”, argumentó.

Por el tema de la extorsión, La Jornada contactó a directivos de Matrimar para solicitar su versión, pero sólo dijeron que estaban “concentrados en lo jurídico”, y que posteriormente compartirán detalles “en cuanto se tenga una nueva resolución” judicial.

Mientras que el gobierno del estado no había emitido una postura, pero trascendió que el conflicto entre la firma y el Ejecutivo estatal data desde hace más un año, cuando la compañía aseguró tener todos los requisitos legales para continuar de manera segura la extracción de piedra caliza en la Sierra de Picachos, actual área natural protegida dictaminada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 1º de marzo de 2023.

No obstante, ambientalistas han manifestado que la contaminación de la pedrera ha generado un severo daño al entorno, pese al dictamen judicial.