éxico se encuentra en la antesala de una nueva definición de sus reglas del juego. En los próximos días, la presentación de la iniciativa de reforma electoral marcará el inicio de un debate que, aunque parezca técnico para buena parte de la población, toca la fibra más sensible de nuestra convivencia civil: la arquitectura del poder. Según lo adelantado por la Comisión Presidencial y diversas voces legislativas, el eje del proyecto se concentra en dos puntos cardinales: la limitación de la representación proporcional y la reducción drástica del financiamiento público a los partidos.
Resulta ocioso, y quizá prematuro, especular sobre los puntos finos de un texto que aún no es público. Sin embargo, podemos hablar de lo que en esta coyuntura sería sano para la República. México requiere un mecanismo para perfeccionar la representación popular donde quepan todas las expresiones políticas, incluso aquellas que resultan incómodas para el consenso mayoritario. Si esa es la premisa de la reforma, bienvenida, y será una gran oportunidad para tomar la temperatura democrática de México.
Hace casi medio siglo, Jesús Reyes Heroles entendió una verdad fundamental que hoy parece olvidarse: un sistema político de partido hegemónico, cerrado a la pluralidad y con minorías decorativas, era una olla de presión destinada inevitablemente al estallido social o al anquilosamiento institucional. La reforma de 1977 no fue un acto de generosidad desinteresada, sino de inteligencia política y supervivencia del Estado.
Al introducir los “diputados de partido”, Reyes Heroles despresurizó el sistema, otorgando cauces institucionales a la disidencia y legitimidad a un Congreso que, hasta entonces, funcionaba como un brazo del Ejecutivo. He competido y ganado tres elecciones de mayoría, pero eso no impide reconocer que la representación proporcional no es un “regalo” para las élites partidistas; es la garantía de que el voto de millones de ciudadanos que no optaron por el ganador siga teniendo una voz y un peso en las decisiones nacionales. Sin ella, corremos el riesgo de crear mayorías artificiales que no reflejan la riqueza y complejidad del mosaico social mexicano.
Una reforma electoral es la oportunidad idónea para pensar como estadista. Esto implica trascender la coyuntura electoral inmediata para preguntarse qué democracia merece el México del siglo XXI y cómo debe adaptarse la norma a una sociedad que es, por definición, cambiante, joven y profundamente heterogénea. El estadista diseña reglas bajo las cuales estaría dispuesto a vivir incluso si pierde la próxima elección; el político tradicional, en cambio, diseña reglas para no perder en lo inmediato.
Esto es relevante porque aquí nadie es “objetivo”. El partido en el poder busca, lógica y naturalmente, garantizar las condiciones que le permitan prolongar su proyecto. La oposición, por su parte, busca desesperadamente vías de acceso a la representación y al debate para evitar la inanición política.
Sin embargo, el actor más intrigante y quizá decisivo en esta ecuación es el bloque de los partidos aliados, específicamente el PT y el Partido Verde. Ellos poseen la llave de la mayoría calificada necesaria para cualquier cambio constitucional, pero se enfrentan a un dilema existencial de suma cero. Si deciden negociar sus votos en el Congreso a cambio de posiciones territoriales o gubernaturas en el corto plazo, aumentarán su valor transaccional de inmediato. No obstante, si permiten una reforma que elimine o reduzca severamente la representación proporcional, estarán firmando su propia sentencia de muerte en el mediano plazo. Al erosionar el sistema que protege a las minorías, estos partidos se volverían prescindibles para el actor mayoritario que hoy es su aliado.
La reflexión profunda que nos exige este momento es para qué queremos una reforma. ¿Es para afianzar el poder de un grupo, para abrir espacios a la competencia o para dar un salto al pasado?
El gobierno actual goza de una legitimidad de votos que nadie cuestiona. Esa fuerza social es precisamente la que le otorga la oportunidad histórica de legar un sistema electoral más robusto, más plural y más representativo del que recibió. Legar una reforma pensando en la nación, y no sólo en la próxima elección, sería el mayor signo de madurez política de la actual administración.
La reforma electoral puede ser la gran oportunidad para demostrar que somos una sociedad racional, capaz de elevar la mirada por encima de las obvias discrepancias partidistas. Probar altura de miras significa entender que las reglas del juego deben proteger la diversidad del país. El poder es transitorio, pero las instituciones y su capacidad de incluir a todos son lo único que garantiza la estabilidad de una república en el largo plazo. Eso, y nada menos, es lo que nos estamos jugando.
