El ministro Arístides Guerrero García presentará este lunes al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos proyectos de sentencia que avalan la decisión del Congreso de Nuevo León de crear la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), aunque en uno propone invalidar la facultad otorgada para bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, al considerar que se trata de una atribución exclusiva del ámbito federal.

La aprobación de los proyectos representaría un revés para las impugnaciones promovidas por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como por una minoría de legisladores, en contra de la creación de la FEIF, con facultades de investigación de delitos fiscales y lavado de dinero.

La FEIF surgió de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León presentada en 2022 por el grupo parlamentario del PAN, aprobada en un periodo extraordinario ese año, aunque se promulgó hasta el 12 de febrero de 2024 mediante el decreto número 196 y entró en vigor un día después.

La nueva fiscalía absorbió las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), antes adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

El gobernador impugnó el decreto el 14 de febrero de ese año, a través de la controversia constitucional 81/2024, al sostener que se invadieron facultades exclusivas del Ejecutivo al trasladar funciones de inteligencia financiera –de carácter administrativo– al ámbito punitivo, crear confusión de atribuciones hacendarias y judiciales y por presuntas deficiencias en el proceso legislativo.

En su proyecto, el ministro Guerrero propone declarar infundado el juicio, al sostener que el Congreso tiene atribuciones para asignar por ley dichas funciones a la Fiscalía Especializada, sin invadir funciones exclusivas del Ejecutivo local ni sustituir las facultades de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

El segundo proyecto de Guerrero García resuelve las acciones de inconstitucionalidad 58/2024 y 67/2024, promovidas por una minoría del Congreso de Nuevo León y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Legisladores de Nuevo León sostuvieron que trasladar las funciones de inteligencia financiera de la UIFE a la FEIF vulnera la división de poderes y la autonomía administrativa del gobernador. Por su parte, la CNDH impugnó la facultad de la nueva fiscalía para inmovilizar cuentas bancarias, al considerar que invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión en materia procesal penal.

No obstante, el ministro propone dar la razón sólo a la CNDH, al plantear la invalidez del último párrafo del artículo 33 Bis, al concluir que las entidades federativas no pueden legislar sobre el aseguramiento de bienes financieros, materia regulada de forma exclusiva por el Código Nacional de Procedimientos Penales.