La defensa de Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor de ferrocarril, y de Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Transístmico accidentado el pasado 28 de diciembre, promovió un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y solicitará que se realicen nuevos peritajes especializados para determinar las causas del percance que dejó 14 pasajeros fallecidos y más de 90 lesionados, al considerar que los datos que registró la caja negra contradicen los resultados de los estudios practicados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los empleados del Tren Transístmico fueron acusados por el Ministerio Público Federal de homicidio culposo y lesiones culposas, bajo la hipótesis de comisión por omisión, al considerar el personal de la FGR que ambos permitieron una velocidad superior a la autorizada a la altura del kilómetro 230 en el municipio de Asunción de Ixtaltepec, Oaxaca.

Ambos empleados son defendidos por integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes ya promovieron un juicio de amparo en contra de la vinculación a proceso y apelaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada que les decretó la jueza Diana Isabel Invens Cruz.

Además, los defensores públicos solicitarán diligencias relacionadas con la inspección de los carros y la locomotora que se descarrilaron para confrontar las versiones que los peritos de la FGR señalaron en el pliego de consignación con el cual obtuvieron las órdenes de aprehensión para Díaz Gómez y Mendoza Cerón y por lo cual ahora se encuentra presos.

En tanto, fuentes federales informaron que datos de la Secretaría de Marina refieren que la rehabilitación de la línea Z (donde ocurrió el percance) “se ejecutó en apego a la normatividad ferroviaria, y durante las obras se sustituyeron rieles, durmientes y balasto con materiales nuevos, se renovó el subbalasto y se instalaron fijaciones de alta resistencia para asegurar el escantillón de la vía”.