Los robos cometidos por farderos, es decir personas dedicadas a la sustracción de mercancías que esconden en la vestimenta o cuerpo para salir de los establecimientos sin pagar, “ocurre todos los días en joyerías, tiendas de ropa, abarrotes y negocios de bisutería” en el Centro Histórico, aseguró el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra.

Luego de que el martes sujetos desconocidos robaron dos pulseras de una joyería ubicada en 16 de septiembre e Isabel la Católica, en el Centro Histórico, afirmó que debido a la falta de coordinación con elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana algunos dueños o encargados de locales establecidos han creado grupos de WhatsApp para comunicarse y difundir fotografías y videos en tiempo real.

Esos chats son para “alertar de supuestos sospechosos que van de local en local; en ocasiones se quedan dos personas paradas en la banqueta observando el movimiento frente a los negocios”.

Pérdidas

Subrayó que “el acoso y el robo de los farderos es todos los días, y lo cometen hombres y mujeres” de todas las edades, y en la mayoría de los casos el dueño o encargado del negocio asume las pérdidas de la mercancía hurtada.

“La instalación de vallas metálicas en calles del Centro Histórico, un día sí y el otro también, y que obstaculiza la movilidad de los peatones, no impide la actividad” de esas personas, reprochó.

Pidió a las autoridades capitalinas mayor presencia de uniformados dedicados a la seguridad del comercio y los visitantes; además, “que se mejoren los protocolos de atención a los establecimientos para evitar que sigan los robos”.

En tanto, en el Plan de Política Criminal y Persecución del Delito, la Fiscalía General de Justicia indicó que “impulsará el uso de acuerdos reparatorios, como la salida preferente en los robos a comercio por farderos”.

Señaló que “se trata de consolidar la aplicación de criterios de oportunidad en los casos que cumplan con los supuestos legales para reducir la carga procesal y evitar la saturación de procedimientos de bajo impacto penal”.