Aunque todavía no hay una propuesta acabada de reforma electoral, la alianza de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) avanza en elementos que “están cobrando fuerza” y podrían incluirse en la discusión de la iniciativa, entre otros desaparecer las senadurías de lista, pero mantener las diputaciones de representación proporcional o plurinominales, señaló el vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En entrevista, el legislador indicó que se constituyó un grupo de trabajo de senadores y diputados de Morena, entre otros Raúl Morón y Dolores Padierna, para presentar una propuesta, y precisó que todavía “se construye un acuerdo en materia electoral” entre los tres partidos de la coalición de mayoría; por tanto, “todavía no se finiquita, no hay absolutamente nada” concreto.

Pese a ello, admitió, “hemos llegado a algunos principios” comunes, “entre ellos la garantía de que el gobierno no regresará a organizar las elecciones”, lo cual implica mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, dijo, se ha avanzado en la propuesta de mantener la vigencia de los diputados de representación proporcional, siempre que también participen en campañas para buscar el voto, y al mismo tiempo eliminar la llamada “lista nacional” del Senado, que integra a 32 de los 128 legisladores de esa cámara.

Otras ideas que han ganado terreno, aunque están sujetas a discusión, son desaparecer los órganos y los tribunales electorales locales, reglamentar en la ley la obligatoriedad constitucional del voto –pero sin fijar sanciones para quienes no sufraguen– e incluso instalar urnas electrónicas a fin de reducir los costos de los comicios.

El otro gran tema es cómo impedir la presencia del dinero ilícito en elecciones estatales y municipales y sancionar tanto a los candidatos involucrados como a los partidos que presten sus siglas.

Por separado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), afirmó que “hay una preocupación nacional legítima de (posibles) retrocesos democráticos”.