El gobierno de Campeche expuso una serie de aclaraciones en relación con la nota titulada: “Morena se fractura en Campeche; 10 diputados rompen con Layda Sansores”, publicada en La Jornada el 2 de febrero. En una misiva, señaló que “no existió persecución política ni operativo para detener a diputadas o diputados.

La Fiscalía General del Estado de Campeche aclaró oficialmente que la presencia de personal en las inmediaciones del Congreso no correspondió a ninguna diligencia ministerial, sino a recorridos de vigilancia preventiva, una actividad habitual. No hubo órdenes de aprehensión ni acciones dirigidas contra legisladores. Esta aclaración oficial no fue incorporada en la nota”.

Añadió que “lo ocurrido en el Congreso de Campeche responde a un conflicto político interno, originado por decisiones tomadas desde la propia presidencia del Poder Legislativo. Entre ellas, la exclusión de diputadas y diputados de su grupo, así como la retirada de apoyos de gestión a quienes respaldaron la solicitud de deuda para invertir en infraestructura pública, dejando a estos legisladores únicamente con la percepción de su dieta.

“Estas acciones fracturaron a la bancada de Morena y explican la falta de respaldo a la propuesta de mesa directiva impulsada por Antonio Jiménez. Además, el lunes sesionó únicamente con el grupo de diputados cercanos a su posición para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a los diputados, Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez, profundizando la división interna.”

Apuntó asimismo: “Es indispensable aclarar que no existe ninguna carpeta de investigación abierta contra Antonio Jiménez. Sólo existe un diputado de la bancada con una denuncia de carácter familiar, completamente ajeno al debate legislativo. Vincular la restitución del fuero con supuestas investigaciones penales generalizadas carece de sustento oficial”.

Mencionó que “la decisión de restaurar el fuero constitucional constituye un retroceso que contradice los principios históricos del movimiento de transformación. Tanto Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han sido claros al señalar que nadie debe estar por encima de la ley y el fuero debe eliminarse, no reinstalarse.

Este contraste político resulta central para entender la gravedad de la decisión adoptada en el Congreso local.

“Finalmente, a este escenario se suma la actuación del periodista Lorenzo Chim, quien además de su participación pública colabora con el medio Tribuna, des-de donde se ha difundido información descontextualizada y sin el debido contraste. “Esta doble condición ha contribuido a desvirtuar los hechos, al mezclar opinión con información y alimentar una narrativa de confrontación que no se sostiene en datos verificables.”

Puntualizó que “en Campeche no hay persecución política. Hay una crisis interna provocada por decisiones legislativas excluyentes, una ruptura de confianza y un debate legítimo sobre el rumbo institucional del Congreso.

“El gobierno del estado reitera su compromiso con la legalidad, la división de poderes y la rendición de cuentas. Respaldamos de manera plena la agenda nacional de la transformación, impulsada por la Presidenta de México y sostenida históricamente por el movimiento, para eliminar privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

“En Campeche seguiremos actuando con responsabilidad, respeto institucional y absoluta claridad: no a la reinstalación del fuero; sí a la transparencia y a la responsabilidad pública.”