Campeche, Camp., La fractura de la fracción legislativa de Morena en el Congreso de Campeche se agravó ayer, luego de que seis de los 13 integrantes de esa bancada se pronunciaron –al igual que la gobernadora Layda Sansores y siete alcaldes morenistas– en contra de la restauración del fuero constitucional (aprobada el lunes por mayoría) y acusaron a su coordinador parlamentario, José Antonio Jiménez Gutiérrez de “traidor” y de tener miedo a ser investigado y sancionado.

El conflicto empezó a mediados de diciembre, con la oposición de Jiménez y otros nueve legisladores morenistas a la contratación de una deuda de mil millones de pesos que propuso la mandataria estatal en la Ley de Ingresos 2026 (que finalmente fue aprobada), y estalló el sábado 31 de enero con la elección de la mesa directiva que presidirá el periodo ordinario de sesiones.

La planilla que propuso Antonio Jiménez fue desechada por mayoría y en su lugar fue designado el diputado de Movimiento Ciudadano Paul Arce Ontiveros como presidente. Es la primera vez en cuatro años y medio que un legislador no morenista encabeza la mesa directiva.

Esa elección interna sacó a relucir la fractura del grupo parlamentario de Morena: por un lado están José Antonio Jiménez y nueve legisladores que lo apoyan; y por el otro, los seis restantes, que se pronunciaron como leales a Sansores.

En la sesión para instalar el periodo ordinario, el pasado domingo, el diputado Jiménez denunció que era objeto de persecución política, luego de que se opuso a la contratación de la deuda. Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele” y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”.

En respuesta a quienes lo acusan de traidor, sostuvo que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.

Jiménez señaló que encabezar el Poder Legislativo lo ha colocado frente a decisiones difíciles, donde constantemente debe elegir entre hacer lo correcto o repetir prácticas que se habían normalizado.

Afirmó que la coherencia no es un camino cómodo y que sostener principios implica asumir costos, “especialmente cuando el escenario político empuja hacia lo fácil y no hacia lo correcto”.

El presidente estatal de Morena, Érick Reyes León, le respondió, acusándolo de traidor y de propiciar la división de la fracción legislativa; “traiciona a la gobernadora Sansores, quien encabeza en Campeche la Cuarta Transformación”, subrayó.

Al mismo tiempo, el domingo, en los alrededores del Palacio Legislativo se aparcaron al menos cuatro camionetas de la Fiscalía General del Estado con una docena de agentes ministeriales; corrió la versión de que detendrían al diputado Jiménez, por lo que éste decidió mantenerse atrincherado en sus oficinas, acompañado de al menos cinco de sus compañeros diputados.

Ahí pernoctaron porque no se retiró la vigilancia de los policías ministeriales; por su parte, la fiscalía estatal emitió un comunicado donde negó que existieran carpetas de investigación o alguna orden de arresto contra el líder del Congreso.

Pese a ello, el diputado Jiménez Gutiérrez convocó a una sesión reservada el pasado lunes, para aprobar reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de restaurar el fuero constitucional, abrogado en 2016. La moción fue avalada por mayoría.

Además, Jiménez sesionó junto con los 10 diputados que lo respaldan para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a los diputados Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez, quienes son leales a la gobernadora. En sus lugares designó a Omar Talango Cervantes e Ismael López Garcés.

La respuesta del gobierno de Layda Sansores no tardó en llegar. En sus redes sociales fijó su postura sobre la restauración del fuero constitucional, pero no habló de la crisis interna que enfrenta su partido con la división del grupo parlamentario. Además, canceló su programa Martes del Jaguar en el que por lo común aborda este tipo de temas.

La mandataria campechana escribió que “la eliminación del fuero es una exigencia ciudadana, que propone en la nueva reforma electoral nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que desde Campeche respaldamos.

“Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular, y más cercanos de los intereses partidarios y de grupos..

La mandataria fue respaldada por siete alcaldes morenistas –Campeche tiene 13 municipios– quienes publicaron un manifiesto donde se suman a Sansores y se pronuncian contra “cualquier intento de reactivar el fuero”. Éste último, señalan, “no debe ser un privilegio ni un blindaje político. Su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas y alimenta la percepción de inseguridad”.

En su desplegado, los ediles: De Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus; de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath; de Champotón, Claudeth Sarricolea Castillejo; de Calakmul, Guadalupe Acevedo Rodríguez; de Tenabo, Mariela Sánchez Espinosa; de Seybaplaya, Magdalena Jiménez y de Candelaria, Jaime Muñoz Morfín, añadieron que el servicio público se ejerce sin inmunidades y bajo el Estado de derecho y sostienen que Campeche merece instituciones fuertes y gobiernos que den la cara a la ciudadanía, no decisiones opacas que debiliten la confianza pública.

También los diputados locales morenistas Carlos Ucan. Jorge Pérez Falconí, Verónica Roca Méndez, Marisela Flores Moo, Gladys Rivera y Abigail Gutiérrez publicaron en sus redes sociales un pronunciamiento en que se oponen a la reactivación del fuero y exigen congruencia a su aún líder parlamentario, José Antonio Jiménez Gutiérrez.