La inversión pública en infraestructura tuvo el año pasado su mayor descalabro desde que hay registro, al cerrar con una reducción anual de 28.4 por ciento, exhiben las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Frente a gastos ineludibles que siguieron incrementando su peso en el presupuesto público –como el pago de la deuda, las pensiones y las transferencias a estados y municipios– el gasto en infraestructura durante 2025 fue tal, que en términos reales equivale a lo mismo que se erogó en el primer año del sexenio pasado.

Los 769 mil 961.8 millones de pesos que se gastaron en infraestructura pública durante 2025 no sólo significaron la mayor caída en 35 años, sino también uno de los niveles más bajos de este rubro como porcentaje del producto interno bruto (PIB), 2.2 por ciento, desde que hay registros.

A lo largo de todo el año pasado, incluso desde 2024, el gobierno federal apuntó a que habría una caída en el gasto de inversión pública dada la conclusión de los grandes proyectos de la pasada administración, que llevaron a que este concepto superara por primera vez el billón de pesos.

Parte de la ampliación del gasto en 2024 se dio con la contratación de más deuda, lo que impulsó el déficit público hasta 5.7 por ciento del PIB. La meta de cerrar esa brecha llevó a que se hicieran recortes en el presupuesto de 2025.

Salvo comunicaciones y transportes –que tuvo su mayor repunte en 35 años– y salud, que respectivamente registraron avances de 89.2 y 18.9 por ciento, todos los demás rubros de la inversión física presupuestaria registraron descensos.

El energético cayó 32.7 por ciento, la segunda caída más alta desde 2017 en que la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto se encontraba en pleno; por subsectores, también el de hidrocarburos tuvo uno de sus mayores ajustes a la baja, 34.3 por ciento, y el eléctrico 24 por ciento.

En educación la caída del gasto público en infraestructura fue de 25.7 por ciento y en abastecimiento, agua potable y alcantarillado el retroceso de 64.4 por ciento es el mayor desde que hay registro.

La caída del gasto público en inversión física se da en paralelo a la escalada que tienen otros conceptos obligatorios –a los que no se puede recortar– en el presupuesto público.

Entre ellos destacan las pensiones, que aumentaron 6.8 por ciento el año pasado para alcanzar un billón 611 mil 220.5 millones de pesos, 109.3 por ciento más que el gasto en infraestructura, y el pago de intereses de la deuda, que absorbió un billón 310 mil 761.3 millones de pesos, 70.2 por ciento más que lo destinado a inversión productiva.