México y Gambia impulsan en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la negociación de una convención internacional para la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad. Así lo informó Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un artículo publicado en el portal Just Security, donde detalla la estrategia diplomática para romper el estancamiento que durante años mantuvo este tema congelado en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

Arrocha explica que el proyecto estaba detenido por una práctica llamada “renovación técnica”. Esto significa que, cada año, la comisión aprobaba el mismo texto sin cambiarle una sola coma sustantiva, sólo actualizando fechas y números de reporte, lo que en los hechos mantenía el tema “congelado” para evitar debates incómodos. Para romper este ciclo, México y Gambia decidieron actuar en “capacidad nacional”; es decir, presentaron la propuesta por cuenta propia como países individuales, en lugar de esperar a que un mediador oficial de la ONU redactara un texto que buscara el apoyo de todos los países por igual.

Al actuar de forma independiente, los proponentes evitaron la parálisis que genera el buscar un consenso total, donde un solo país puede frenarlo todo. Arrocha señala en su artículo que este enfoque permitió que los redactores estuvieran “libres de la restricción habitual impuesta a los facilitadores de la oficina para mantener el consenso”. Esta maniobra obligó a los países que se oponían a la convención a dar la cara, pues bajo esta modalidad, si no hay acuerdo, se puede forzar una votación para avanzar.

La ruta crítica y los plazos para la creación de la Convención ya están delineados tras la adopción de las resoluciones 77/249 y 79/122. De acuerdo con lo expuesto por Arrocha, la negociación formal se desarrollará en etapas plenamente establecidas: “la conferencia de negociación está programada para 2028 y 2029”, con dos sesiones de tres semanas cada una. El consultor precisa que el trabajo se basa en los artículos ya redactados por la Comisión de Derecho Internacional, pero el proceso de ajuste ya está en marcha.

En el corto plazo, el diplomático subraya una fecha clave: el próximo 30 de abril, plazo final para que los países envíen sus propuestas de cambio al texto original. Posteriormente, en 2027, se realizará una segunda sesión preparatoria para definir las reglas de la futura conferencia, incluyendo cómo se votará. Arrocha advierte que no tener la posibilidad de votar el texto de la Convención sería un error estratégico, pues es la única forma de garantizar que el tratado se concrete frente a minorías que intenten bloquearlo.