a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio cumplimiento a uno de sus compromisos de campaña con la presentación integral del Plan de Justicia para San Quintín, en el cual se contempla la creación de un Centro de Atención Integral para concentrar trámites gubernamentales, la instalación de un módulo permanente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), un paquete de acciones en materia de educación y regularización de la tierra, y la construcción de más de 20 mil viviendas de distintos tipos, diseñadas específicamente para atender la movilidad característica de los jornaleros que migran a la región por temporadas. Además de las acciones específicas para la región bajacaliforniana, se anunció la implementación de un Certificado Laboral, un documento obligatorio que deberán obtener todos los exportadores de productos agrícolas mexicanos para poder comercializarlos en el extranjero, a fin de “vincular la exportación con la formalización laboral”, asegurando que la mano de obra utilizada en la producción y cosecha esté registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se cumplan los estándares de trabajo decente.
Sin duda alguna, se trata de un avance histórico para dignificar el trabajo de los jornaleros de San Quintín, un colectivo que produce una riqueza gigantesca para grandes agroempresas nacionales y extranjeras, pero padece condiciones laborales que rayan lo inhumano. Los abusos patronales en el Valle de San Quintín compendian las plagas que azotan a los trabajadores mexicanos: salarios estancados por debajo de la línea de la pobreza, negación ilegal del registro ante la seguridad social, ausencia de prestaciones, simulación para negar la antigüedad de los obreros, relación de trabajadores permanentes como si fueran temporales, jornadas laborales de hasta 15 horas diarias, trabajo infantil, acoso sexual contra las mujeres, uso de sindicatos de control para amedrentar a los trabajadores e impedirles la conformación de organizaciones gremiales auténticas, colusión con autoridades para mantener el statu quo y reprimir a quienes exigen sus derechos, racismo estructural y desprecio por los integrantes de pueblos indígenas.
Hartos de explotación y maltrato, el 17 de marzo de 2015 los jornaleros estallaron un movimiento de protesta que puso ante los ojos de todo el país las injusticias perpetradas por trasnacionales que se enriquecen con el abuso del suelo y de una mano de obra conformada en 80 por ciento por migrantes; muchos de ellos, miembros de pueblos originarios. Aunque las compañías se comprometieron a modificar sus malas prácticas, en los hechos todo siguió casi igual, como exhibió una investigación al documentar un incremento de 150 por ciento en los casos de tuberculosis entre 2023 y 2024 debido a “desigualdades en el acceso a la salud en la localidad por factores como malas condiciones laborales, hacinamiento, falta de servicios públicos y maltrato institucional, que dificultan la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades”.
En suma, cabe saludar el Plan de Justicia para San Quintín en tanto representa un esfuerzo de Estado para subsanar la deuda social con un sector vulnerable. Al mismo tiempo, es preciso ver en los programas anunciados un punto de partida y no de llegada, así como mantener una vigilancia estrecha y una constante comunicación con los jornaleros para evitar que las empresas involucradas rediten las estrategias con que han evadido una y otra vez sus obligaciones.
