Frente al aumento de casos de acoso judicial por parte de gobiernos e instituciones contra periodistas, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para este sector y personas defensoras de derechos humanos ha solicitado a las autoridades federales y locales que revisen sus marcos jurídicos a fin de evitar que con delitos como el ultraje puedan ser usados, de manera infundada, para castigar el ejercicio profesional del periodismo.

Advirtió que han detectado un incumplimiento en cuanto a que se garantice que todos los estados tengan fiscalías especializadas en la materia, destacó Andrés Solís, integrante del referido consejo.

De acuerdo con un análisis con base en información de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que se detectó que en diversos estados se mantienen delitos como ultrajes a la autoridad, calumnia, difamación e injurias, estos tres últimos –por ejemplo– vigentes en Nuevo León y Yucatán, que pueden ser usados para censurar y sancionar a quienes ejercen el periodismo.

Solís resaltó que el acoso judicial contra periodistas ha aumentado en los recientes cinco años, una situación que alerta a organizaciones civiles, además de que han registrado persecución administrativa y financiera, ésta última hacia medios de comunicación. Los casos más recientes, recordó, se han documentado en Campeche, Veracruz, Puebla y Michoacán. El más extremo, refirió, es el del veracruzano León Segovia, acusado de presunto terrorismo.

Además, desde el mecanismo federal no se da acompañamiento legal a quienes estén enfrentando un proceso judicial, pero es necesario. Indicó que el consejo ha empujado para que el gobierno federal sea el que “se siente a la mesa con los gobiernos de los estados y con los congresos locales” con el fin de que no haya este tipo de persecución a la prensa.

La violencia es “muy grande, nos quedamos con lo más preocupante que son los asesinatos, pero la mayor cantidad de agresiones se dan en el contexto de la protesta pública, o sea, las golpizas en las manifestaciones”.