Hermosillo, Son., Seis ex funcionarios estatales y municipales fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la explosión e incendio ocurridos en noviembre pasado en una sucursal de la tienda Waldo’s en Hermosillo, con saldo de 24 personas fallecidas, incluido un bebé en gestación, y más de 10 lesionados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se negó a proporcionar los nombres completos de los imputados; igualmente, el juez de control ordenó que las audiencias se lleven a cabo a puerta cerrada y por la plataforma Zoom.

Fuentes cercanas al proceso señalaron de manera no oficial que entre los vinculados se encuentran Jesús Ángel R, Joaquín R, Juan G, Armando C, José Luis A y Jesús Fabián V, así como una persona moral correspondiente a la empresa operadora del establecimiento.

Dos funcionarios imputados no fueron vinculados a proceso: Carlos Jesús A, ex director interno de la Comisión Estatal de Protección Civil de Sonora, quien quedó fuera del enjuiciamiento luego de precisarse que los delitos que se le atribuían habían prescrito, y Martín Manuel Martínez, ex director de Inspección y Vigilancia municipal, al haberse determinado que no ocupaba el cargo al momento del siniestro.

En la audiencia, la FGJES informó que dio aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue si en los hechos hubo conductas que pudieran configurar ilícitos de carácter federal. Se confirmó que dos implicados se encuentran prófugos y son buscados por las autoridades.

Según información de la FGJES, el juez de control determinó que los imputados enfrentarán el proceso en libertad, bajo medidas cautelares como presentación periódica ante la autoridad, garantía económica y restricción para salir del estado. Para el representante legal de la empresa, José Luis Alcalá, se ordenó prisión preventiva justificada, aunque ésta no se ejecutó debido a una suspensión otorgada mediante juicio de amparo, resolución que la fiscalía impugnará.

La institución precisó que las vinculaciones se sustentaron en pruebas periciales, testimoniales y documentales por los crímenes de homicidio, lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de deber legal y uso de documentos falsos. El juez concedió seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

A casi tres meses del siniestro, el proceso judicial sigue abierto, ya que falta resolver la situación legal de al menos 12 personas, entre ellas servidores públicos, empleados del establecimiento y un inspector de la Comisión Federal de Electricidad, quienes deberán comparecer en próximas audiencias.