La Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (CSPJF) elabora un plan de seguridad para todas las instalaciones, esto es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que incluye desde procedimientos para atender casos de disturbios y toma de instalaciones, hasta casos de agresión con armas de fuego.

El texto del primer Informe de labores del OAJ, presentado el 12 de diciembre por Néstor Vargas Solano, señala que la CSPJF “está modificando el Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023-2026”, y que en los primeros cuatro meses de operación del OAJ se otorgaron las siguientes medidas de seguridad a personas juzgadoras: 208 apoyos durante la realización de audiencias de alta peligrosidad en Centros de Justicia Penal Federal; 3 mil 745 apoyos de servicio de escolta en traslados entre residencia y área de trabajo y cuatro acompañamientos para diligencias en lugares distintos a salas de audiencia.

Entre los nuevos protocolos está uno denominado de “seguridad y vigilancia en las instalaciones del PJF”, que contempla un “procedimiento sistemático de operación en caso de disturbios, manifestaciones o toma de instalaciones”.

Asimismo, puntualiza que se creará “la guía para la elaboración de planes operativos de seguridad y formato de registro de datos para elaborar el plan operativo de seguridad”, y también un “protocolo para la atención de emergencias”, sin que se detalle qué comprende la denominación de “emergencia”.

Además, se establecerá “el procedimiento de seguridad en caso de agresión con arma de fuego en inmuebles administrados por el OAJ”.

Como parte de las acciones de seguridad que realiza el personal del PJF en coordinación con autoridades se encuentran los 2 mil 688 rondines perimetrales en los domicilios de personas juzgadoras o sus familiares, “12 mil 39 acciones preventivas en relación con llamadas de extorsión” a servidores públicos y la elaboración de 75 análisis de riesgos de las instalaciones y 43 supervisiones.