Zacatecas, Zac., El gobierno de Zacatecas insiste en imponer a los habitantes de los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete, la construcción de la presa Milpillas sobre el cauce del río Atenco, “mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera”, denunciaron integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Los inconformes difundieron un comunicado en el que advierten que además del gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, se busca “imponer” el proyecto por medio de otras instancias gubernamentales.

“Expresamos nuestra preocupación ante la insistencia de diversos órganos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Agraria, así como los alcaldes de Jiménez del Teúl (Daniel Cisneros Esparza) y Sombrerete (Santos Ramiro Hinojosa Aguayo) en impulsar un programa que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales”.

Sin permisos agrarios

Recordaron que la obra “no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios”.

Además, en caso de que este año iniciara la edificación del embalse, sería una construcción inconclusa, pues David Monreal Ávila está en el ejercicio de su quinto año de gobierno y su administración concluirá en un año y medio.

Recordaron que en el presente mes, funcionarios estatales difundieron públicamente “la versión de que el proyecto se encuentra a 50 por ciento de las negociaciones con los pequeños propietarios”, para la adquisición de los terrenos donde se piensa construir la presa, lo cual, es falso.

“Esta afirmación constituye un acto deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la obra de un proyecto inviable”, agregaron.

Denunciaron que las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicha construcción.

“Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua. Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar su imposición”, precisaron.

Por otra parte, funcionarios municipales y estatales “criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de que ese proyecto busca garantizar ‘el derecho humano al agua’, de los habitantes de la zona conurbada de Zacatecas –distante a 160 kilómetros al oriente del río Atenco–, haciendo pasar por ‘egoístas’, a los pobladores de estos ejidos y comunidades”.

“Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios”, concluyeron.