En la Ciudad de México, al menos dos alcaldes han denunciado ser víctimas de delitos vinculados con el entorno político. La semana pasada el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, reportó haber sido objeto de un seguimiento inusual por parte de un hombre que le tomó fotos y lo seguía a bordo de una motocicleta.

Tras dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se detectó, según el alcalde, que el sujeto estaría asociado con grupos opositores del Congreso capitalino.

Días antes de solicitar licencia para ausentarse del cargo por estar en estado de gravidez, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, hizo público que mediante llamadas de extorsión le exigían dinero y la amenazaban con atentar contra su vida, por lo que presentó una denuncia y sostuvo que las amenazas estarían relacionadas con el cargo que desempeña y el contexto político.

En tanto, López Casarín expuso que lo ocurrido “no es algo que deba normalizarse ni tomarse a la ligera”, debido a que el hecho sucedió tras salir del informe de la fiscal Bertha Alcalde Luján, cuando su seguridad detectó que un hombre que los seguía.

Entre las irregularidades que llamaron la atención, el sujeto viajaba en una motocicleta con placas del estado de Querétaro y su identificación fue expedida por un municipio de Guerrero, además dijo ser trabajador de la alcaldía.

Según lo expresado por el alcalde, tras la revisión de los documentos de la persona, se constató el vínculo directo con la oposición política en el Congreso de la ciudad, en concreto con la diputada del Partido Acción Nacional Li-ssette Salgado Viramontes.