Tv Azteca y sus acreedores en Estados Unidos no llegaron a un acuerdo para resolver de manera rápida el conflicto por una emisión de bonos que la televisora dejó de pagar en 2020 y que involucra una deuda que ronda 600 millones de dólares.

En una carta enviada el 20 de enero a la jueza del tribunal que lleva el caso, la televisora de Grupo Salinas –conglomerado que esta semana también debe pagar al fisco mexicano 51 mil millones de pesos por contribuciones que debe hace casi dos décadas– insiste en que el impago se discuta en tribunales mexicanos, no en la corte de Nueva York, pese a que la misma defensa de la televisora acusó que algunos de sus acreedores “conspiraron con la Presidenta de México para manipular una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una disputa fiscal que involucra a ciertas empresas afiliadas a Ricardo Salinas”, según lo consignado por la contraparte, The Bank of New York Mellon, en la misiva a la jueza magistrada Barbara Moses.

“Además de su demanda de terceros contra Cyrus y Contrarian (un par de fondos que reclaman el pago a la televisora), los demandados han argumentado que esta conducta les permite invocar la defensa de imposibilidad de Nueva York porque les dificultó el pago de los pagarés”, apunta la defensa de The Bank of New York Mellon, que lidera la demanda contra Tv Azteca.

El banco fue fiduciario en la operación que permitió a la televisora conseguir 400 millones de dólares en 2017, que en 2020 dejó de pagar, aduciendo afectaciones financieras causadas por la pandemia de coronavirus.

Aunque Tv Azteca dejó de pagar sus bonos desde hace cinco años (2020), ahora Grupo Salinas busca usar sus litigios en 2025 –sobre todo el relacionado con sus adeudos al fisco en México– como excusa en el proceso en Estados Unidos, de acuerdo con lo consignado por sus acreedores en el documento judicial.

En la misma carta al tribunal, Tv Azteca, del mismo conglomerado que la minorista Elektra, afirma que los inversionistas adquirieron sus bonos con la finalidad de obtener “rendimientos usurarios”, al tiempo que exige un proceso para develar la nacionalidad de los tenedores de bonos, pues asegura que el contrato no permitía venderlos al público estadunidense.

Agrega que la mayoría de los demandantes adquirieron sus bonos con un descuento significativo, en algunos casos mayor a 60 por ciento del valor nominal, y que “pretendían recuperar valor más allá de su inversión principal, incluyendo la búsqueda de control o participación en la propiedad de Tv Azteca”.