omunidades enteras y más de 20 mil hectáreas de bosques han sido arrasadas por el fuego en las semanas recientes en la región más austral de Chile, con un saldo hasta ahora de 18 personas muertas –cifra que, por desgracia, se actualizará al alza cuando se pueda acceder a las poblaciones afectadas– y unas 50 mil, desplazadas. En tal circunstancia, el presidente saliente, Gabriel Boric, decretó ayer el “estado de excepción de catástrofe”, implantó el toque de queda en la mayor parte de los municipios afectados y ordenó la movilización del ejército para salvaguardar el orden público.
Para hacerse una dimensión de la catástrofe, baste con señalar que en la Patagonia chilena hay unos 30 fuegos activos y que sólo en la región del Biobío uno de los incendios, que abarca 800 kilómetros cuadrados, destruyó por completo las comunidades de Punta de Parra, Lirquén y Penco, con lo que miles de viviendas quedaron reducidas a cenizas.
Las condiciones climáticas explican la dimensión de desastre alcanzada por los incendios. Altas temperaturas, vientos de más de 60 kilómetros por hora y humedad atmosférica escasa son, entre otros, factores que facilitan la propagación descontrolada de las llamas. Sin embargo, el contralmirante Edgardo Acevedo, responsable de las zonas que han sido declaradas en estado de excepción, afirmó que la mayoría de los siniestros fueron causados por negligencia o por intención criminal. En ese señalamiento coinciden investigadores de la Universidad Austral de Chile, quienes calculan que 55 por ciento de los incendios son producto de la negligencia y 38 por ciento, resultado de acciones intencionales.
Más allá de situaciones anecdóticas –como la de unos niños que al jugar con un encendedor provocaron un devastador fuego forestal en diciembre pasado en la comuna de Pichidegua, región de O’Higgins–, de informaciones exageradas –como las que ven un “patrón sistemático” de conflagraciones causadas por turistas israelíes que fuman, a pesar de la prohibición correspondiente, en el parque nacional Torres del Paine (región de Magallanes)– o de teorías racistas de la conspiración, según las cuales grupos radicales de la etnia mapuche están incendiando sus propios territorios, parece existir un hecho recurrente: la mayoría de estos desastres se originan en las llamadas “zonas de interfase” en las que colindan las áreas urbanizadas con la vegetación, lo que indicaría que la presión poblacional hacia áreas naturales desempeña un papel central en la génesis de los fuegos, los que a la par incrementan sus dimensiones en el contexto del cambio climático planetario, el cual, a su vez, se ve impulsado por la deforestación y los gases de efecto invernadero de los incendios.
La situación es preocupante, no sólo por la tragedia humana y ambiental que conlleva, sino también por la circunstancia política en la que ocurre: el tramo final de un gobierno que fue incapaz de consumar las transformaciones políticas, sociales y económicas que prometió en sus inicios y la inminente llegada a la presidencia del ultraderechista José Antonio Kast, para quien los principales problemas de Chile no son las desigualdades sociales, la depauperación creciente y la marginalidad de los pobladores originarios, entre otros, sino el auge delictivo, obsesivamente vinculado por el presidente electo con la presencia de extranjeros –especialmente, venezolanos– y su determinación trumpiana de expulsarlos del país, como supuesta medida para fortalecer la seguridad pública. En ese contexto, las explicaciones simplistas o delirantes del desastre austral pueden conformar un incendio más peligroso, si cabe, que el de los bosques y poblaciones: un incendio social avivado por los vientos de la infodemia procedente de medios y entornos favorables al nuevo mandatario.
