Washington. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa de la reportera del diario The Washington Post Hannah Natanson, como parte de una investigación sobre filtraciones de información clasificada como secreta relacionada con la seguridad nacional, a petición del Pentágono, informó ayer el Departamento de Justicia.

A Natanson, quien ha cubierto la transformación del gobierno federal bajo el gobierno del presidente Donald Trump, le confiscaron un teléfono, dos laptops y un reloj Garmin durante el registro de su casa en Virginia, reportó el Post. Natanson ha informado extensamente sobre la fuerza laboral federal y recientemente publicó un artículo en el que describe cómo consiguió cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla “la apaciguadora del gobierno federal”.

Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una reportera marca una escalada en los esfuerzos del gobierno para reprimir las filtraciones. El Post fue notificado de que Natanson y el periódico no son objetivos de la investigación, declaró el editor ejecutivo Matt Murray.

“Esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea preguntas y preocupaciones profundas sobre las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”, escribió Murray. “The Washington Post tiene una larga historia de apoyo ferviente a la robusta libertad de prensa. Toda la institución respalda esas libertades y nuestro trabajo”.

La fiscal general, Pam Bondi, aseveró que el registro se realizó a petición del Departamento de Guerra y agregó que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono.

“Filtrar información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la de nuestros héroes militares”, aseveró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X. “El presidente Trump no tiene tolerancia para eso y continuará reprimiendo agresivamente estos actos ilegales en el futuro”.

La orden indica que el registro se relaciona con una indagación sobre un ingeniero de sistemas y especialista en tecnología de la información para un contratista del gobierno en Maryland, de quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico. El trabajador Aurelio Perez-Lugones fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales. No ha sido acusado de compartir información clasificada y no se le ha acusado de filtración en documentos judiciales.

Perez-Lugones, quien tenía exclusiva autorización de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo. En un registro de su casa y su automóvil este mes en Maryland, las autoridades encontraron documentos marcados como “secretos”, entre ellos, uno en una lonchera.

Grupos defensores de la Primera Enmienda expresaron alarma por el registro, al afirmar que podría inhibir el periodismo de investigación que exige la rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno.

“Los registros físicos de los dispositivos, hogares y pertenencias de los reporteros son algunos de los pasos investigativos más invasivos que las fuerzas del orden pueden dar”, comentó Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.

Más restricciones de Trump

En otro tema, Trump, anunció en su red Truth Social que “a partir del 1º de febrero el gobierno federal no realizará más pagos a los estados por sus corruptos centros de protección criminal, conocidos como ciudades santuario. Lo único que hacen es provocar delito y violencia ¡Si los estados los quieren, tendrán que pagarlos ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”.

Asimismo, el Departamento de Justicia demandó a Minesota por usar la acción afirmativa para contratar personal para sus agencias estatales. “La demanda es el último esfuerzo del Departamento de Justicia para lograr que Minesota cumpla con la ley federal”, publicó Bondi en X y agregó que “tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es discriminación simple, y la Administración Trump no tolera este tipo de políticas de diversidad, equidad e inclusión”.

Por último, Estados Unidos suspenderá el procesamiento de visas a 75 países, entre ellos Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros, a partir del 21 de enero.

No se aplicará a solicitantes de visas de no inmigrante, temporales de turista o negocios, que son la gran mayoría de las que se piden.