Guadalajara, Jal., A través de la plataforma del sistema de apoyo ciudadano Fírmale, que ofrece el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), ayer se abrió un proceso promovido por el partido Futuro para captar el apoyo ciudadano a fin de que se haga un referendo que someta al voto popular el aumento al transporte público de 11 a 14 pesos, conocido como tarifazo.

En sólo unas horas se obtuvieron las 3 mil 339 firmas necesarias para respaldar la solicitud al IEPCJ y convocar a la consulta; antes se deberá obtener la aprobación de 2.5 por ciento del padrón electoral estatal –poco más de 165 mil ciudadanos– y después lograr que dos tercera partes de los consejeros electorales voten por el sondeo.

En este contexto, al tramitar la tarjeta Visa La Única al Estilo Jalisco, con la cual se pagarán 11 y no 14 pesos de pasaje, los usuarios deben entregar al gobierno estatal, a la financiera Servicios Broxel y a la estadunidense MetaMap sus datos biométricos, su estado civil y deberán aceptar la geolocalización, entre otros “datos de perfilamiento relevantes”, según los términos y condiciones del contrato.

El plástico contará con un chip bancario y otro para el camión, y tendrá vigencia a partir del 1º de abril cuando entre en vigor el incremento a la tarifa actual de 9.50 autorizado por el gobernador emecista Pablo Lemus.

Si la pierden, la reposición costará 150 pesos más el impuesto al valor agregado; si reciben remesas de Estados Unidos pagarán 79 pesos de comisión, y 8 si se quiere hacer una transferencia. Otras comisiones a favor de Broxel se cobran por pagar servicios de plataformas de televisión, de telefonía, agua, gas, energía eléctrica, que podrán cambiar sin necesidad de avisar al usuario.

Broxel y MetaMap tendrán acceso a datos biométricos

Las dos empresas y el gobierno estatal tendrán acceso a datos biométricos como huellas dactilares, rasgos faciales, iris, patrón de voz, a las firmas autógrafa y electrónica de los solicitantes; incluso a una videograbación en algunos casos o la eventual entrega de referencias patrimoniales, información financiera, transacciones, historial de pagos, buró de crédito, en caso de que así lo decidan los administradores del plástico.

El contrato además señala que los términos y condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las leyes de California, y los usuarios por tanto se someten de forma irrevocable “a la jurisdicción exclusiva” de los tribunales de esa entidad estadunidense.

Broxel cobrará 5.45 pesos mensuales por tarjeta activa; en caso de llegar a la meta de 5 millones de clientes representaría unos 27 millones 400 mil pesos al mes pagados del erario estatal. A lo anterior habría que sumar por lo menos otros 166 millones de pesos al mes que la administración estatal pagará por “subsidio” a los empresarios camioneros para que completen los 14 pesos de la tarifa autorizada.