Organizaciones civiles sostuvieron que en México siguen registrándose violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que se reportan desapariciones forzadas, una política de contención y criminalización de la migración y un abuso de la prisión preventiva oficiosa, que se suman a la aprobación de leyes y reformas que “menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder”.

Así lo asentaron en el “informe sombra” que entregaron al Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos) de la Organización de Naciones Unidas, que en su sesión 145 –a realizarse en Ginebra, en marzo– revisará el informe correspondiente a México.

Las más de 30 organizaciones, entre ellas, Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Red por los Derechos de la Infancia en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, señalaron que si bien las violaciones generalizadas a los derechos humanos no son nuevas en México, en 2025 “hubo cambios profundos” que limitaron el ejercicio pleno de las garantías sobre todo con “la reforma al amparo, la vigilancia militarizada (presencia militar en seguridad pública), los ataques a la libertad de expresión” y la desaparición de instituciones de transparencia.

▲ Hay quienes aún protestan por la desaparición de un familiar.Foto Germán Canseco

En el informe “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos”, llamaron al Comité de Derechos Humanos para que solicite al Estado mexicano revertir reformas constitucionales y adoptar 11 recomendaciones incluidas en el documentoç

Algunas de ellas son establecer un marco legal que obligue a partidos políticos y autoridades a rendir cuentas a través de sistemas públicos de fiscalización e informes periódicos verificables, con el fin de reducir la discrecionalidad y corrupción política.

Asimismo, crear un plan para el retiro paulatino del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la administración pública y revertir la reforma constitucional en la materia.