La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer ocho controversias constitucionales interpuestas por gobernadores de oposición que impugnaron el decreto del 6 de noviembre de 2020 que extinguió 109 fideicomisos y fondos públicos –entre ellos el de Desastres Naturales y el Metropolitano–, al concluir que la medida no invadió las facultades de las entidades federativas.

Su desaparición fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos.

Por unanimidad, el pleno aprobó ocho proyectos del ministro Arístides Guerrero García que validan el decreto y declararon infundadas las controversias de los entonces gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, al determinar que el decreto no invade competencias estatales ni vulnera el pacto federal o la autonomía financiera.

Además, sostuvo que el Congreso sólo modificó la forma de colaboración federal con los estados, sin limitar sus facultades constitucionales.

“Se sostiene que las demandas plantearon argumentos genéricos, sobre la consideración de las bondades que pudieran tener los fondos y fideicomisos, pero en ningún momento pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la propia Constitución”, planteó el ponente.

El ministro Guerrero presentó una línea del tiempo de las controversias, con la que también criticó que el pleno anterior mantuviera los asuntos archivados por más de cuatro años sin resolverse, pese a que su trámite empezó en 2021.

“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o mala, pero sí lo quiero decir, de manera muy clara: fue muy irresponsable, porque fueron cuatro años donde se cerró la instrucción en estas controversias constitucionales y no se presentó la propuesta”, agregó.

La ministra Lenia Batres afirmó a su vez que dicho esquema permitió un manejo discrecional y poco transparente de recursos públicos.