l secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, fue ilegal e inconstitucional. Se trató de una intervención militar, sin el conocimiento del Congreso ni su aprobación, y además, el presidente Donald Trump violó el derecho internacional. Entre otros, el artículo 2, sección 4, de la Carta de Naciones Unidas, que a la letra dice: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas”.

La ONU eludió una mínima postura de condena para dar cuenta de esta grave violación. La geopolítica en acción, los intereses en juego en los otros conflictos abiertos y vigentes determinan el no involucramiento, una suerte de dejar hacer, dejar pasar. Ni siquiera llamaron a consulta a sus embajadores en Estados Unidos.

A 10 días del secuestro, podemos anotar algunos de los elementos que es importante considerar. En primer lugar, no se conoce un informe detallado del operativo militar desplegado ni de las víctimas, incluidas las del país invasor, que trató de negar que tuviera bajas. La noticia asumida por el propio gobierno de Cuba fue la de la muerte de 30 guardias de su país asignados a la custodia y defensa del presidente Maduro; lo demás se mantiene en completa oscuridad.

Sabemos que la incursión tuvo como objetivo presentar ante la corte de Nueva York a las víctimas del secuestro, quienes en la primera audiencia se declararon no culpables y el presidente Maduro señaló que sigue siendo presidente de Venezuela.

La acusación versa sobre involucramiento en narcotráfico. Esta bandera, con muy frágiles evidencias, ha sido abandonada por Trump para reconocer que de lo que se trata es del control sobre el petróleo de Venezuela.

El presidente Trump, desde el anuncio del secuestro, se asumió materialmente al mando de la República de Venezuela, y al margen de las decisiones internas del país, anunció que había conversado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y había llegado a acuerdos amenazando que si no cumplía, le iría peor que al presidente Maduro. Con ello colocó una estela de duda frente a su nombramiento constitucional como presidenta encargada en ausencia del presidente.

En adición a esta postura, públicamente negó el aval a la Nobel de la Paz Corina Machado para colocarse al frente del país. Junto a la prioridad por el control y comercio directo del petróleo, públicamente señaló que Venezuela debe romper relaciones con Cuba, China y Rusia, y anunció el 7 de enero que las “autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad”.

El petróleo, dijo, se venderá a precios de mercado y “el dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos”. Para ello se ha entrevistado con las empresas petroleras de su país y está en proceso el retiro de sanciones que había impuesto a Venezuela como limitantes a su política petrolera.

En paralelo, tiene abiertos frentes contra Cuba y Colombia, y mantiene su intención de apoderarse de Groenlandia. Esta política imperialista tiene un historial de antecedentes de agresiones del gobierno estadunidense: Irak, Libia, Siria, Honduras, Panamá, Venezuela, Irán, Cuba y ahora de nuevo Venezuela.

En este contexto, el reformador de la Doctrina Monroe ha reactivado su amenaza contra México al considerar que está gobernado por los cárteles. En Estados Unidos, la sociedad está dividida, y en el Congreso se han promovido dos iniciativas. El Senado aprobó la decisión de prohibir una nueva agresión militar a Venezuela sin autorización explícita del Congreso, que aún debe ser aprobada por la Cámara baja y promulgada por el presidente.

Por otra parte, para el caso de México, un grupo de legisladores envió una misiva aludiendo a la acción militar de Estados Unidos dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso. Se razonó sobre los impactos negativos que tendría en los planos comercial y social, además de ponderar la entrega de México de capos a Estados Unidos.

Dentro de nuestro país encontramos que se han expresado posiciones críticas a la defensa y solidaridad con Venezuela; hablan, por ejemplo, de “nacionalismo trasnochado” o de que se deben evitar consignas radicales, y enfatizan más la crítica al presidente Maduro que la condena a la política de intervención. A riesgo de que me acusen de nepotismo editorial, debo señalar que el periódico La Jornada ha cubierto de manera destacada el análisis y la información, así como las implicaciones regionales y mundiales. Lo evidente es que no se perfila el desenlace del conflicto.

El presidente Trump declaró que “mi propia moralidad. Mi propia conciencia. Es lo único que puede detenerme”. ¿A qué moral se referirá?