uando pensamos en la Ciudad de México casi siempre imaginamos un interminable laberinto de concreto. Pero más allá del cemento existe Milpa Alta, una de las 16 alcaldías que conforman dicha entidad, cuya superficie se encuentra comprendida totalmente en suelo de conservación (mismo que proporciona refugio a más de 2 mil 500 especies de flora y fauna).

En ella coexisten 12 pueblos originarios que tienen en la agricultura y el cuidado del bosque una de sus principales fuentes de empleo. Se trata de la alcaldía más rural y la que tiene el mayor número de tierras destinadas a la agricultura en la ciudad, siendo segundo lugar a nivel nacional en la producción de nopal.

Los bosques de Milpa Alta cubren más de 12 mil hectáreas. Son el hogar de especies biológicas como el venado cola blanca, el conejo zacatuche o el búho cornudo; y resultan cruciales para los ecosistemas de la región, es decir, para la vida.

Nueve de los 12 pueblos que integran la alcaldía tienen un origen y un territorio en común y juntos forman la comunidad indígena nahua de Milpa Alta. Se trata de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Oxtotepec, San Pedro Atocpan, San Juan Tepenáhuac, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Agustín Ohtenco y Villa Milpa Alta.

Esta comunidad tiene reconocido un doble carácter: como comunidad indígena nahua producto, aunque no únicamente, de migraciones chichimecas ocurridas hace más de mil años; y como comunidad agraria en la que los nueve pueblos que la integran son copropietarios, bajo el régimen comunal, de su territorio.

Al estar situada Milpa Alta en la periferia de la gran ciudad, vive un descontrolado crecimiento urbano. La culpa no está en los comuneros, como muchos señalan, sino, justamente en lo contrario: en el debilitamiento progresivo de las estructuras agrarias y comunitarias de la comunidad.

Actualmente, el gobierno de la Ciudad de México ha iniciado la construcción de la línea 6 Milpa Alta-Tláhuac del Sistema de Transporte Público Cablebús, misma que extenderá hasta la alcaldía de Milpa Alta la red de transporte masivo. El gobierno ha destacado esta obra como el proyecto de movilidad más importante del sur-oriente de la ciudad, con 12.3 kilómetros de recorrido y siete estaciones. Tres de ellas se contemplan en la alcaldía de Milpa Alta: una en el pueblo de San Antonio Tecómitl y las otras dos en San Francisco Tecoxpa y Villa Milpa Alta, ambas dentro del territorio de la comunidad indígena.

Se trata de un megaproyecto que en promedio movilizará a 90 mil pasajeros al día, el equivalente a casi tres cuartas partes de la población de la alcaldía. El propio gobierno prevé que la densidad urbana en una parte significativa de la alcaldía crecería hasta cuatro veces en caso de extenderse la red de transporte masivo. Parecería que existe la intención de que Milpa Alta sea definitivamente tragada por la urbe.

Las líneas 5 y 6 del Cablebús serán financiadas con deuda pública a través de un bono verde que emitió el gobierno de la ciudad por 3 mil millones de pesos, mismo que al ser colocado en la Bolsa de Valores habría duplicado su valor merced a la especulación bursátil (https://animalpolitico.com/estados/cdmx-bono-verde-3-mil-millones-pesos-dos-nuevas-lineas-cablebus).

Dados los impactos que tendrá el proyecto referido, no es casual que comuneras y comuneros, sin ignorar las necesidades en materia de movilidad y pese a la campaña profundamente racista en su contra, se opongan al mismo en los términos en que está planteado, pues, en contra del discurso oficial, perciben al Cablebús como una imposición de la autoridad. Este temor se confirma por el hecho palmario de que en su implementación no se han cuidado ni la protección de los derechos humanos de la comunidad, ni los mecanismos democráticos previstos legalmente.

Considerando el doble carácter agrario e indígena de la comunidad, la autoridad está obligada a respetar los derechos que Milpa Alta tiene reconocidos. Primero, los que atañen a su propiedad agraria. Es decir, ya que el proyecto se va a implementar en tierras comunales, de conformidad con el artículo 27 constitucional y los diversos 99 y 100 de la Ley Agraria, éste debe ser autorizado por una asamblea de comuneros legalmente convocada. Sin embargo, la autoridad ha ignorado el cumplimiento de este requisito inexcusable.

Observando las peculiaridades de la comunidad indígena de Milpa Alta y el impacto significativo del proyecto, éste debería ser consultado a la comunidad completa y no sólo a los 2 pueblos que contarán con estaciones del Cablebús, como absurdamente pretende la autoridad. Las consultas tendrían que realizarse en la lógica de construir acuerdos y bajo los estándares establecidos en el artículo 2 constitucional y en los convenios internacionales.

Sin embargo, el pasado 21 de diciembre la autoridad realizó, casi en secreto, una simulada consulta en tan sólo uno de los pueblos de la comunidad (San Francisco Tecoxpa) que transgredió todos los requisitos de convencionalidad necesarios. Tuvo una escasa participación. Apenas 148 personas en una comunidad con más de 90 mil habitantes.

¿Ésas son las “mayorías” que están aprobando el Cablebús? ¿Ésa es la democracia que nos ofrece la autoridad? ¿Qué hay de la violación de derechos humanos, principios democráticos y preceptos constitucionales? ¿Qué sigue para definir el destino de una comunidad entera y de toda una ciudad? ¿Una encuesta telefónica o domiciliaria?

* Abogado agrario, integrante del Congreso Nacional Indígena