La Haya., La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya inició ayer un período de tres semanas de audiencias para determinar si Myanmar cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

El caso fue presentado por el gobierno de Gambia, que acusó a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio, de 1948, en una operación represiva en 2017.

Los expertos legales acompañan de cerca el caso, ya que podría dar pistas sobre cómo la CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), manejará acusaciones similares contra Israel por su campaña militar en la franja de Gaza.

En 2017, cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de la violencia del ejército de Myanmar y de milicias budistas para refugiarse en el vecino Bangladesh en medio de episodios de violaciones en masa, incendios provocados y asesinatos.

“No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional, sino de personas reales, historias verdaderas y un grupo de seres humanos. Los rohinyás de Myanmar han sido objeto de destrucción”, declaró el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, ante los jueces de la CIJ.

Actualmente, un millón 100 mil rohinyás viven hacinados en campamentos que abarcan unos 32 kilómetros cuadrados en la localidad de Cox’s Bazar, en Bangladesh.

“Quiero ver si el sufrimiento que soportamos se refleja durante la audiencia”, declaró a la Afp en uno de esos campamentos Janifa Begum, una mujer de 37 años y madre de dos hijos. “Queremos justicia y paz”, recalcó.

Gambia, de mayoría musulmana, presentó en 2019 el caso ante la CIJ, que dirime disputas entre Estados.

De acuerdo con la Convención sobre el Genocidio, cualquier país puede presentar un caso ante la CIJ contra otro si considera que infringe el tratado.

En diciembre de 2019, los abogados de Gambia presentaron pruebas de lo que calificaron de “matanzas sin sentido, actos de barbarie que conmocionan nuestra conciencia colectiva”.

Ganadora del Nobel de la Paz desestimó los cargos

En un momento histórico en el Palacio de la Paz, la célebre dirigente Aung San Suu Kyi, premiada con el Nobel de la Paz en 1991, compareció personalmente para defender a Myanmar.

En su defensa, desestimó el argumento de Gambia, al alegar que ofrecía “una imagen engañosa e incompleta” de lo que definió como un “conflicto armado interno”.

Suu Kyi advirtió entonces que el caso por genocidio ante la CIJ corría el riesgo de reavivar una crisis que, según ella, fue una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

Inicialmente, la CIJ dio la razón a Gambia, que solicitó a los jueces “medidas provisorias” para detener la violencia mientras se examinaba el caso.

En 2020, la CIJ determinó que Myanmar debía tomar “todas las medidas a su alcance” para detener cualquier acto prohibido por la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948.

Estados Unidos declaró en 2022 que la violencia constituía genocidio, tres años después de que un equipo de la ONU afirmó que Myanmar albergaba “intención genocida” hacia los rohinyás.

Las audiencias deben concluir el 30 de enero.

El tribunal desestimó en 2022 una impugnación de Myanmar a su competencia, por lo que los jueces consideran que tienen la facultad de pronunciarse.

Podrían pasar meses o años antes de que llegue una decisión final. Aunque la CIJ no tenga medios para hacer cumplir sus resoluciones, un fallo a favor de Gambia aumentará la presión sobre Myanmar.

La CIJ no es el único tribunal internacional que investiga el posible genocidio contra los rohinyás.

Por su parte, la Corte Penal Internacional, que también tiene sede en La Haya, investiga al jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Además, hay otro caso tramitándose en Argentina, conforme al principio de jurisdicción universal, según el cual algunos crímenes son tan atroces que pueden ser juzgados en cualquier tribunal.