A los jóvenes heroicos de la lucha de 1956-1958

l próximo 4 de abril se cumplirán 70 años del inicio de la huelga estudiantil más larga y con alcance nacional en defensa de la educación pública, gratuita y popular. En contra de esta movilización encabezada por campesinos, normalistas y politécnicos, “los estudiantes de segunda”, se inauguró un modelo represivo: una campaña mediática que los criminalizó como “peligrosos sociales”, el apoyo económico a porros, la vigilancia y espionaje por la Dirección Federal de Seguridad; el encarcelamiento político; la charrificación de sus representantes y la ocupación militar de sus escuelas. Sistemáticamente se aplicó tal patrón a los subsiguientes movimientos: magisterial, ferrocarrilero, telefonista, electricista, médico y estudiantil de 1968.

En el giro a la derecha de Ávila Camacho, Alemán Valdés y Ruíz Cortines, se eliminó la práctica educativa cardenista entendida como una herramienta de transformación social. Así, se entabló un combate estudiantil recurrente que configuró al IPN como parte de la vanguardia en los movimientos de 1942, 1950 y 1956. En este último se registraron la huelga masiva de aproximadamente 150 mil alumnos que pararon más de 70 planteles en 23 estados a lo largo de 125 días; y las resistencias de los politécnicos ante la ocupación policiaco-militar de su Internado y del Casco de Santo Tomás durante más de dos años.

Los paristas compartían elementos centrales: extracción popular, lazos consanguíneos o de paisanaje identitarios, amistades, noviazgo, compañerismo y flexibilidad escolar. Sus pliegos petitorios coincidían: mejoramiento académico, mayor presupuesto, renuncia de autoridades abusivas y corruptas, alto al cierre de sus colegios, marco normativo y participación democrática. Poseían una fuerte disciplina y tradición gremial vinculados por federaciones autónomas, elegidas de manera periódica, directa y democrática, como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México o la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, quienes gozaron del reconocimiento y de la interlocución con el gobierno federal.

Todo lo anterior explica su coordinación estratégica en un frente unido, que desplegó una nueva cultura de la protesta con recursos reinventados de resistencias obreras y campesinas, así como de sus propias experiencias: mítines relámpago, manifestaciones de antorchas o de “sentados”, brigadas informativas, boteo, “plantón-escracheo”, “paros escalonados”, “ toma” de autobuses e instalaciones, “rescate” de detenidos y violencia defensiva. Las mujeres rompieron estereotipos de hija, esposa o madre para ser lideres, oradoras, representantes en las mesas de negociaciones y redactoras de periódicos.

El freno al movimiento se diseñó minuciosamente por el Presidente de la República, los secretarios de la Defensa Nacional, de Educación y de Salubridad y Asistencia; los jefes de la Policía Judicial y del Servicio Secreto; el Director General del IPN y el rector de la UNAM. Empresarios, medios de comunicación, jueces y carceleros coadyuvaron en el sometimiento.

Asestaron un golpe demoledor el 23 de septiembre con la “Operación P”, intervención de desalojo, clausura y ocupación del Internado, implementada por más de 2 mil soldados, policías, granaderos y agentes de la DFS; armados con bombas de gases lacrimógenos, garrotes, rifles, pistolas y metralletas. Los internos sacados a bayoneta calada fueron trepados en camiones y abandonados en las carreteras de Toluca y Pachuca. Arturo Gámiz de la Prevocacional 4, fue uno de los desterrados.

Doscientos cuatro estudiantes, entre éstos 54 adolescentes casi niños, fueron maltratados, interrogados y fichados en la 9ª Delegación y encerrados en la Cárcel de la Ciudad o El Carmen, con multas de mil pesos y 15 días de prisión por “escandalizar”. El día 27, los líderes Nicandro Mendoza, Mariano Molina, Raúl Lemus y Efraín Ruiz fueron capturados, incomunicados, golpeados y “hambreados” en los separos de la 6ª Delegación y del Servicio Secreto. Permanecieron más de dos años como presos políticos en la Penitenciaría de Lecumberri, acusados de portación de armas prohibidas, lesiones, resistencia de particulares, injurias contra agentes de la autoridad, amenazas contra funcionarios públicos y disolución social (ley de excepción reformulada como tipo penal ex profeso para castigar la disidencia). Simultáneamente, se maniató la defensa de la educación con la nueva Ley Orgánica de 1956 y la presencia castrense en la Secretaría General, el Departamento de Servicios Escolares, la prefectura y las escoltas del director Alejo Peralta.

Internados, casas hogar, hogares colectivos, casas de estudiantes de provincia y comedores clausurados, carreras canceladas, institutos separados, planes de estudio alterados, inscripciones meritocráticas con exclusión de admisiones foráneas, expulsiones, “listas negras” y pérdida de derechos constitucionales provocaron la baja de más de 3 mil alumnos. La situación empeoró con el sismo de 1957 (ESCA y ESIA se desplomaron).

Con el Politécnico al borde de su clausura reinició la movilización, ahora liderada por los Ateneos y la Vanguardia Revolucionaria. “Fuera tropas del IPN” fue el eje articulador estudiantil y la demanda solidaria de los movimientos sociales en los años 50. Iniciaba una nueva era en las batallas por la educación, que aún continúa.

*ENAH