a relación entre Estados Unidos y México no se sostiene principalmente en tratados ni en discursos diplomáticos, sino en una arquitectura informal de dominación hecha de incentivos, validaciones y silencios. No se impone por ocupación ni por ruptura institucional, sino por la administración constante de lo aceptable. En ese esquema, el papel central no lo juegan los gobiernos en abstracto, sino las élites –políticas, económicas y académicas– encargadas de garantizar que la relación funcione sin sobresaltos. México aparece así no como un socio estratégico pleno, sino como un espacio clave cuya estabilidad debe preservarse con el menor costo posible para Washington, aun si ello implica limitar el margen de decisión nacional.

Desde la perspectiva estadunidense, el criterio decisivo para valorar a una élite política mexicana no es su legitimidad democrática ni su capacidad de articular un proyecto nacional propio, sino su confiabilidad. Confiabilidad entendida como previsibilidad de conducta, cooperación sostenida y alineamiento con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Como lo reconoce la tradición realista de la política exterior estadunidense, los Estados no premian intenciones ni virtudes normativas, sino comportamientos estables y funcionales a sus intereses. Son élites aceptables aquellas que garantizan disciplina macroeconómica, apertura a la inversión, continuidad regulatoria y colaboración efectiva en los temas que Washington define como prioritarios: migración, seguridad, energía y cadenas de suministro. La política deja de ser proyecto y se reduce a gestión.

Las élites que cuestionan ese marco –mediante políticas de soberanía energética, reconstrucción industrial o reformas institucionales que alteran los equilibrios heredados– no suelen ser interpretadas como expresiones legítimas de autodeterminación democrática, sino como factores de riesgo. El problema no es ideológico, sino funcional: introducen incertidumbre en una relación diseñada para ser administrable. Por ello, la respuesta dominante no es la confrontación abierta, sino la presión indirecta, la deslegitimación técnica y la espera de un reacomodo interno que restablezca la normalidad.

Esta lógica se reproduce con particular fuerza en el ámbito académico. Para Estados Unidos, la academia mexicana cumple una función estratégica silenciosa: delimitar los marcos de lo pensable. El sistema internacional de prestigio académico, dominado por universidades, revistas y criterios de evaluación anglosajones, no es neutral. Premia determinadas agendas, lenguajes y enfoques, y margina otros. Así, la élite académica más valorada es aquella integrada al circuito intelectual estadunidense: formada en sus universidades, publicada en sus journals y alineada con sus marcos analíticos dominantes.

No se trata de una conspiración ni de una imposición burda, sino de una forma sofisticada de ejercicio del poder. Programas de intercambio, becas, redes de policy y financiamiento a la investigación han construido durante décadas una comunidad epistémica trasnacional que comparte supuestos fundamentales: primacía del mercado, desconfianza frente al Estado desarrollador y una noción de estado de derecho centrada en la protección de la inversión más que en la construcción de capacidades nacionales. En ese ecosistema, la crítica estructural a la dependencia o al colonialismo académico es tolerada como opinión, pero excluida como conocimiento legítimo.

El resultado es una academia que explica el mundo tal como es, pero renuncia a pensar cómo transformarlo desde una perspectiva nacional. Cuando emergen voces que cuestionan ese consenso, la reacción no suele ser la refutación abierta, sino la descalificación. Se les acusa de ideológicas, poco rigurosas o irrelevantes para la política pública. El control no es represivo es epistémico. Quien define los estándares de calidad define también los límites de lo posible. Ese equilibrio, sin embargo, ha dejado de ser suficiente.

Hoy, esta hegemonía ha entrado en una fase cualitativamente distinta. La relación bilateral ya no se organiza únicamente en torno a incentivos o validaciones institucionales, sino en torno a amenazas explícitas y a la militarización del vínculo. El narcotráfico deja de ser tratado como un problema compartido y se convierte en una palanca de presión política mediante la cual Estados Unidos redefine unilateralmente los términos de la relación. La cooperación deja de ser negociada y empieza a ser exigida. La dependencia deja de ser administrada y se vuelve coercitiva. No se trata de una anomalía, sino de la forma que adopta hoy una relación jerárquica cuando el margen de tolerancia del centro se reduce.

Este endurecimiento no opera en el vacío: se vuelve efectivo porque encuentra élites dispuestas a gestionarlo, racionalizarlo y presentarlo como inevitable.

La cuestión decisiva no es si México cuenta con élites competentes, sino si esas élites están dispuestas a dejar de administrar la subordinación como si fuera virtud. Durante décadas se les formó para garantizar estabilidad externa, no para disputar poder; para traducir exigencias ajenas, no para formular un proyecto propio. Así, la dependencia dejó de percibirse como un problema estructural y pasó a asumirse como una condición natural del orden. Cuando las élites renuncian a imaginar alternativas, el país renuncia a decidir. Y cuando la academia abdica de su función crítica para resguardarse en una neutralidad funcional al statu quo, la hegemonía deja de imponerse desde fuera y se reproduce desde dentro. Ningún proceso democrático puede sostenerse sobre esta renuncia prolongada a la soberanía intelectual y política.

* Director general del CIDE