Brasilia. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó ayer una ley aprobada por el Congreso que reduciría significativamente la pena de prisión a su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien cumple condena por intento de golpe de Estado.

En septiembre, tras un juicio histórico, el ex presidente derechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal (STF), tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota electoral ante Lula.

Bolsonaro, de 70 años, cumple condena desde finales de noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Según la norma vigente, debería permanecer encarcelado aproximadamente ocho años antes de poder optar a una flexibilización de la pena.

Sin embargo, el Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en diciembre una ley que permitía la reducción de ese periodo a poco más de dos años.

Lula firmó el veto a ese proyecto en un acto envuelto en simbolismo: una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Aquel día, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron y saquearon los edificios de los poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula para su tercer mandato.

Exigían una “intervención militar” para derrocar al presidente izquierdista, contra quien su líder había perdido la relección en octubre de 2022.

“El 8 de enero quedó marcado en nuestra historia como el día de la victoria de nuestra democracia”, expresó Lula en el palacio presidencial de Planalto, uno de los predios invadidos en los disturbios.

“Victoria sobre los que intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas”, añadió.

Al finalizar el acto, los asistentes rompieron su entusiasmo al grito de “sin amnistía” para los condenados por golpismo.

El mandatario brasileño luego bajó por la rampa de Planalto a saludar a cientos de simpatizantes congregados desde la mañana.

Lula ya había advertido que vetaría la ley. Sin embargo, los legisladores aún pueden anular la decisión por mayoría de votos.

De las casi mil 400 personas procesadas hasta ahora por los eventos de enero de 2023, cerca de 400 recibieran penas de más de 10 años de cárcel.