Ricardo Guerrero, vecino de la colonia Américas Unidas, acusó al alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, y a Diego Montiel Urban, director general Jurídico de la demarcación, de incurrir en un presunto intento de homicidio por omisión al no imponer las medidas cautelares e incumplir una sentencia administrativa emitida en noviembre de 2022.

En ella se ordena a la alcaldía la reparación del daño mediante el pago de una indemnización y la adopción de medidas para prevenir riesgos, ante el peligro inminente de colapso de su vivienda, ubicada en la calle 5 de Febrero 1079, afectada por una construcción irregular contigua autorizada por la demarcación.

El señalamiento fue expuesto en escritos dirigidos a autoridades de la propia alcaldía –con sellos de recibido– y, de acuerdo con el denunciante, también remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además, en noviembre de 2025 presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registrada con el folio 017582 por presuntos delitos cometidos por servidores públicos –entre ellos magistrados–, derivados del incumplimiento de dicha resolución, correspondiente al juicio administrativo TJ/II-47804/2019.

Detalló que el perito propuesto por la alcaldía, adscrito a la fiscalía, posteriormente reconoció que no contaba con la capacidad técnica para evaluar los daños de su inmueble. A pesar de ello, el magistrado no desechó ese dictamen, únicamente ordenó un nuevo peritaje, el cual no se ha realizado. En la carta, expone que desde diciembre de 2024 ha presentado al menos ocho solicitudes formales a la alcaldía para que se impongan medidas cautelares, sin obtener respuesta efectiva.

Sismo agravó daños

Señala que los daños se agravaron tras diversos movimientos sísmicos, particularmente el del 2 de enero de 2026, y que ninguna autoridad acudió a evaluar el inmueble. Entre las acciones solicitadas menciona la demolición de 19 centímetros del muro del edificio contiguo, la reubicación temporal de su familia y la adopción de medidas urgentes para proteger su vida y su patrimonio.

El afectado apuntó que la sentencia administrativa es una de las pocas –si no la única– que la alcaldía Benito Juárez ha perdido en más de 35 años por daño patrimonial.