Oaxaca, Oax., Luego de 142 días de haber sido víctimas de desplazamiento forzado por una invasión armada de pobladores de Santa María Yolotepec, habitantes de la agencia Buena Vista del municipio de Santiago Yosondúa aseguraron que viven en condiciones inhumanas, ante la indiferencia de la administración estatal que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz.

En conferencia, el agente municipal Manuel López Rosales refirió que el 18 de agosto pasado un grupo de residentes de Yolopetec ingresó a Buena Vista, donde causó destrozos, además quemó 14 casas y vehículos, lo que obligó a 223 personas a abandonar sus hogares.

Señaló que desde entonces no han cesado las agresiones, pues los invasores entran de forma constante a la zona y disparan armas de fuego, además han incendiado 15 casas más, llegando a un total de 29, sin que el gobierno morenista de Jara Cruz haga algo para detener los ataques.

Al día de hoy, añadió, los desplazados –niñas, niños, adultos y ancianos– viven en una amplia habitación techada a un costado del palacio municipal de Yosondúa, pasando hambre y frío, durmiendo incluso en el suelo, pasando dificultades mientras las autoridades oaxaqueñas omiten actuar.

Añadió que en las mesas de trabajo que se han realizado, la administración jarista se ha puesto del lado de los invasores, que condicionan la paz y el retorno de los desplazados a la firma de un acuerdo en el que Yosondúa entregue 50 por ciento de sus tierras a Yolotepec, lo cual es inaceptable, señaló.

Felipe Canseco, coordinador de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón, dijo, a su vez, que no existe un plan integral para los 223 perjudicados, lo que es preocupante, pues quiere decir que cinco meses después no se ha planeado nada por parte del gobierno estatal.

Consideró que lo más lamentable de las propuestas presentadas, avaladas por la administración de Jara Cruz, es la cesión de tierras sin que se paguen los daños ocasionados, y que no se aplique la justicia a los responsables.

Recordó que en 2010 un juez federal otorgó un amparo a Santiago Yosondúa en el que se reconoció que las mil 625 hectáreas en disputa le pertenecían a esa demarcación, por lo que demandó al gobierno del estado que se acate esa resolución judicial.

Piden intervención federal para su retorno

Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, urgió a que instancias federales intervengan en este caso para que se logre el retorno de las familias desplazadas, pues la administración oaxaqueña no ha hecho nada para resolver la situación. Acusó igualmente que se ha ignorado una medida cautelar emitida a favor de los desplazados de Buena Vista.

Puntualizó que se están violentando sus derechos humanos, que parecen no importarles a las autoridades estatales, “son 61 mujeres que están viviendo y durmiendo en el suelo, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores y 58 hombres y 12 madres solteras también”.

Expuso que de nada ha servido la ley estatal de desplazamiento forzado impulsada por el gobierno de Jara, que si bien tiene buenas intenciones, en la práctica no se le está dando cumplimiento.