Los activos digitales, como las criptomonedas y los depósitos tokenizados, ya están regulados en distintos lugares del mundo. Sin embargo, algunas instituciones financieras tienen dudas de incluirlas en sus operaciones, de acuerdo con un análisis de la calificadora Moody’s.

La razón es que las entidades financieras se encuentran con falta de solidez en materia de derechos de rescate, respaldo de esos activos y supervisión regulatoria.

Estos vacíos surgen pese a las iniciativas de Estados Unidos como la Ley Genius, y los regímenes de concesión de licencias en Singapur y Hong Kong, que han proporcionado una mayor claridad sobre la custodia, segregación, divulgación y resiliencia operativa.

Moody’s comentó que en la Unión Europea se pusieron en práctica recientemente normas exhaustivas para los emisores de criptomonedas y tokens, mediante un reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés).

Respecto a Latinoamérica, destaca Brasil, donde hay nuevas normas de concesión de licencias que entrarán en vigor en febrero de 2026. “México, Colombia, Chile preparan nuevos marcos regulatorios”, indicó la firma.

Brasil tiene un programa piloto llamado Drex para usar una moneda digital del banco central para depósitos y transacciones, mientras Nubank, el banco digital más grande de América Latina, está probando criptomonedas estables vinculadas al dólar para transacciones con tarjeta de crédito.

En Emiratos Árabes Unidos, IHC, ADQ y First Abu Dhabi Bank planean lanzar una criptomoneda estable respaldada por dirhams, su moneda, mientras en Estados Unidos hay programas piloto de pagos con criptomonedas estables o redes de tarjetas.

Por ejemplo, Visa amplió un piloto de Visa Direct que permite pagos transfronterizos con criptomonedas estables; Mastercard, por su parte, se unió a las redes de cadenas de bloques para permitir la liquidación de transacciones en dólares y otras criptomonedas estables.

Un consorcio de instituciones financieras en la red de Canton Network realizó transacciones tokenizadas de recompra de bonos del Tesoro estadounidense en 2025.