Buenos Aires. La justicia argentina decidió ayer que el protocolo antipiquetes, instalado por el gobierno para evitar cortes de calles en protestas, continuará vigente, un día después de que otra instancia frenó la medida en virtud de un amparo presentado por instituciones defensoras de los derechos humanos y sindicales.

“La justicia nos dio la razón”, declaró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”, añadió.

El gobierno de Argentina impugnó ayer la sentencia que el lunes declaró la nulidad del protocolo antipiquetes –al considerar que limita el derecho a la protesta y el de reunión– y consiguió la suspensión de la anulación hasta que se pronuncie el tribunal de segunda instancia, informó El Destape.

“Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8 mil piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior”, defendió el jefe de gabinete de la presidencia, Manuel Adorni.

Al amparo de esa legislación, el gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei ha reprimido violentamente las protestas contra su severo programa de ajustes y recortes sociales.

Por otra parte, la Casa Rosada anunció ayer la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), objeto de denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente Javier Milei. Las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud sin que sean recortadas las prestaciones que ofrece a más de 3 millones de usuarios, informó Adorni.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.

El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.

La institución también estuvo en medio de un escándalo que involucra a una importante farmacéutica por sospechas del pago de sobornos para conseguir contratos del Estado.

El caso estalló tras la difusión en agosto de audios en los que el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, cercano al presidente, aseguraba que Karina Milei recibía 3 por ciento de lo pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

Spagnuolo fue removido del cargo e imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita. Karina Milei fue convocada por la Cámara de Diputados en octubre para dar explicaciones, pero no asistió.