Nashville. Una orden hecha pública recientemente en el caso penal contra Kilmar Ábrego García revela que altos funcionarios del Departamento de Justicia impulsaron su acusación, calificándola de “máxima prioridad”, sólo después de que fue deportado y se ordenó su regreso a Estados Unidos.

Ábrego García se ha declarado inocente ante un tribunal federal en Tenesi de cargos de tráfico de personas. Quiere que se desestime el caso, al argumentar que la acusación es vengativa y que el gobierno del presidente Donald Trump busca castigarlo por la vergüenza de haberlo expulsado indebidamente a El Salvador, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel del presidente Nayib Bukele, donde la organización de Naciones Unidas y ONG han denunciado abusos a los derechos humanos.

Para respaldar su argumento, solicitó al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se llegó a la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente que ocurrió en 2022. El 3 de diciembre, el juez federal Waverly Crenshaw presentó una orden precintada que obligaba al gobierno a proporcionar algunos documentos a Ábrego y su equipo legal. La orden fue desprecintada ayer y arroja nueva luz sobre el caso.

Crenshaw había determinado anteriormente que existía “cierta evidencia” de que la acusación contra Ábrego García podría ser vengativa. Mencionó en específico una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, a Fox News que parecía dejar entrever que la agencia acusó al migrante porque ganó su caso de deportación indebida.

Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el distrito medio de Tenesi hasta finales de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque únicamente él tomó la decisión de procesar, y no tiene animosidad contra Ábrego García.

En la orden recientemente desprecintada, Crenshaw escribe que “algunos de los documentos dejan entrever no sólo que McGuire no fue el único que tomó la decisión, sino que, de hecho, reportó a otros funcionarios del Departamento de Justicia, y la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido una decisión conjunta”.

Los cargos de tráfico de personas se originan de una parada de tránsito en Tenesi en 2022, donde el migrante fue detenido por conducir a exceso de velocidad. A bordo del vehículo había nueve personas, y los patrulleros estatales discutieron entre ellos la posibilidad de tráfico de personas. Pero finalmente se le permitió continuar su camino únicamente con una advertencia. El caso fue entregado a Investigaciones de Seguridad Nacional, pero no hay registro de que haya habido un esfuerzo por acusarlo hasta abril de 2025, según los registros judiciales.

La orden no entra en detalles sobre el contenido de los documentos que se entregaron a Ábrego, pero muestra que Aakash Singh –quien trabaja para Blanche en la Subsecretaría de Justicia– se puso en contacto con McGuire para discutir el caso el 27 de abril, el mismo día que McGuire recibió un expediente de Investigaciones de Seguridad Nacional sobre el asunto. Eso fue varios días después de que la Suprema Corte federal falló a favor de Ábrego García el 10 de abril.

Singh dijo a McGuire el 30 de abril, en un correo electrónico, que la acusación era una “máxima prioridad” para la Subsecretaría de Justicia, según la orden.

Una audiencia respecto a la moción para desestimar el caso sobre la base de una acusación vengativa está programada para el 28 de enero.