Entre los poderes y los órganos autónomos de Morelos existe una añeja confrontación. Se acusan mutuamente de presuntas invasiones de facultades, conflicto que ha llegado de manera recurrente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha debido fungir de árbitro. Como resultado, Morelos se ha convertido en la entidad que más controversias constitucionales ha promovido en los pasados 16 años y la que acumula el mayor número de sentencias pendientes de cumplimiento.

De acuerdo con los informes anuales de labores de los pasados seis presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, la entidad encabeza desde 2009 el número de controversias constitucionales entre las 32 entidades del país. Tan sólo en el periodo más reciente, del primero de septiembre al 30 de noviembre pasados, los estados promovieron 204 recursos de este tipo; de ellos, Morelos presentó 55 (27 por ciento), frente a uno de Chiapas (0.5 por ciento).

La entidad morelense también destaca como la que tiene más sentencias de la Corte pendientes de cumplimiento, derivadas principalmente de controversias promovidas por el Poder Judicial local, que ha acusado a los otros poderes de invadir sus competencias.

Ante este escenario, el máximo tribunal intervino recientemente a través de su Secretaría de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, al instalar dos mesas de trabajo con legisladores de Morelos, sus equipos y personal de la Secretaría de Hacienda estatal. El objetivo fue brindar acompañamiento institucional para el cumplimiento de 263 controversias constitucionales, según revela el primer informe de labores del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Como resultado de estas mesas de trabajo, se informó que 28 sentencias ya fueron cumplidas, 31 se encuentran en proceso de publicación para concluir su acatamiento y las 204 restantes continúan en trámite de cumplimiento.

Uno de estos asuntos se resolvió apenas el pasado 21 de octubre, cuando por unanimidad el pleno de la Corte invalidó parcialmente dos decretos promulgados durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Mediante dichos decretos, el Congreso de Morelos otorgó pensiones por jubilación a dos ex servidores públicos y ordenó cubrirlas con recursos del Poder Judicial y de la Fiscalía estatal, sin haberles consultado ni asignarles los fondos necesarios.

La Corte determinó que tales decretos vulneraban la división de poderes y la autonomía presupuestal, por lo que ordenó al Congreso local asignar el presupuesto correspondiente para que el Poder Judicial y la Fiscalía de la entidad puedan cubrir dichas pensiones.

A la cabeza desde 2009

En el informe anual de 2009 del entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, el estado de Morelos –gobernado en ese momento por el panista Marco Antonio Adame– apareció por primera vez entre las entidades con mayor número de impugnaciones. En ese periodo se registraron 123 controversias constitucionales, de las cuales “un tercio provienen de Oaxaca y Morelos; otro tercio de Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal y San Luis Potosí, y el resto de las demás entidades federativas”.

Fue en los informes posteriores cuando comenzó a delinearse con mayor claridad la recurrencia de ciertas entidades, aunque no en todos se utilizó la misma metodología de medición. En 2013, durante la presidencia de Juan Silva Meza, se reportaron 114 controversias, y “Morelos fue la entidad federativa con el mayor número de asuntos promovidos a nivel estatal y municipal, con 59 casos, mientras Nuevo León ocupó el segundo lugar, con 10”.

Un año después, en 2014, aunque Oaxaca encabezó la lista con 21 controversias, Morelos se mantuvo entre las entidades con mayor actividad, al registrar 18 recursos.

La tendencia se acentuó en los años siguientes. Bajo la presidencia de Luis María Aguilar, Morelos lideró los registros en 2017 con 194 controversias (54.49 por ciento) y en 2018 con 69 (29.7 por ciento). En 2019, aunque Veracruz ocupó el primer lugar con 126 casos, la entidad sumó 36 controversias.

Con Arturo Zaldívar, Morelos volvió a encabezar la estadística en 2022, con 72 controversias (32 por ciento). Durante la gestión de Norma Piña Hernández registró 126 asuntos en 2023 (24.75 por ciento), y en el informe de 2025, ya bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, concentró nuevamente el mayor número, con 55 controversias (27 por ciento).