ías atrás, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fin de la huelga en Buenavista del Cobre, Cananea (que explotan el tóxico Germán Larrea y su Grupo México), declarada por el Sindicato Nacional de Mineros hace poco más de 18 años (junto con la de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, aún no resueltas), y ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que “en esa población hemos estado cubriendo una por una las indemnizaciones de los trabajadores, las viudas y sus familias, porque no sólo se trata de recursos, sino de dignidad”.

Bien, pero en la mañanera de ayer uno de los oradores (Alfonso Durazo, gobernador de Sonora) de plano enseñó el cobre, porque en su intervención afirmó, sin sonrojarse, que “es justo reconocer también la solidaridad (¡¡¡!!!) de Grupo México”. Se voló la barda el ex secretario particular de Vicente Fox cuando éste despachaba en Los Pinos, porque, según su versión, ser “solidario” es cancelar cualquier posibilidad de negociación, no atender las demandas de los mineros ni resolver su pliego petitorio a lo largo de 18 años y, en su lugar, ordenar, en contubernio con Felipe Calderón, la represión y el armado de listas negras para que los trabajadores no pudieran emplearse en esa histórica ciudad sonorense.

Ser “solidario”, versión Durazo, también es que la mina Buenavista del Cobre protagonizara “el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México”, contaminara ríos, afectara a la población, los cultivos y la ganadería del área; además, fingiera un fideicomiso de cartón para “remediar” las zonas afectadas y se lavara las manos a lo largo de 12 años. Entonces, no queda duda de que el gobernador sonorense le tiene mucho cariño al tóxico barón y a su depredadora empresa.

Esa actitud en mucho se parece a la del último gobierno priísta (por cierto, autor de la frase “el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México”), porque una vez conocido y padecido el brutal derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, el consecuente daño a la salud y la economía de alrededor de 25 mil pobladores de la zona contaminada, y el elevadísimo costo ecológico, la peñanietista Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se puso “rudísima” y multó a Grupo México con un monto verdaderamente escalofriante: 23 millones de pesos por “irregularidades ambientales”, cantidad que no sirvió siquiera para comprar aspirinas. Obviamente, Larrea agradeció el chiste y sin más siguió en lo suyo; es decir, repartiendo tóxicos por prácticamente toda la República, como en el caso del Mar de Cortés en 2019 (en este caso el barón tampoco afrontó consecuencias). Todo ello, sin olvidar el homicidio industrial en Pasta de Conchos (sin duda, otra muestra de “solidaridad” marca Durazo).

El 15 de septiembre de 2014 (escasas semanas después del derrame toxico de Buenavista del Cobre) la peñanietista Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (entonces a cargo de Juan José Guerra Abud, después premiado con la embajada de México en Italia) “firmó un convenio con Grupo México y se creó un fideicomiso con capital inicial de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones a la salud pública, los ecosistemas y la infraestructura dañada por la contaminación, el cual fue sustentado con recursos de la empresa”, de acuerdo con un comunicado de esa institución, mismo que se animó a anunciar que “tras un permanente monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica, se puede asegurar que el agua del río Sonora y los pozos que abastecen de agua potable a cerca de 23 mil habitantes, cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país”. Y en diciembre de 2016, es misma dependencia del Ejecutivo (en ese momento a cargo de Rafael Pacchiano Alamán) simplemente dio por “cumplidos los objetivos de los programas de remediación”.

Y colorín colorado, ese cuento no acabó ahí, porque en octubre de 2023 la entonces titular de la Semarnat, María Luisa Albores, informó que el “solidario” Grupo México (Durazo dixit) no “remedió” nada y el gobierno federal lo denunció. Sin embargo, esta acción permaneció en el limbo y sólo hasta ahora ese consorcio “se compromete” a cubrir 70 por ciento del costo de la “remediación”, cuando le corresponde 100 por ciento. ¡Qué cosa!

Las rebanadas del pastel

Como no tienen nada qué hacer, salvo bombardear países, ahora Donald Trump –él mismo condenado por la justicia de su país– se esfuerza por lograr el indulto del genocida Benjamín Netanyahu. No cabe duda: entre asesinos se entienden.

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