Tapachula, Chis., Las reformas constitucionales que se han efectuado en México en las ultimas décadas han sido perjudiciales para los pueblos originarios, advirtió la abogada Bárbara Zamora, al participar en el semillero “De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores”, que se realizan en el contexto del 32 aniversario del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La jurista abordó los cambios en las leyes agrarias, mineras, de hidrocarburos, de inversiones extranjeras, de amparo y otras, que han sido utilizadas para justificar el despojo de territorios y la explotación de los recursos naturales.

“A la Constitución se le han hecho cientos de reformas que en apariencia otorgan derechos, pero que en el fondo tiene la finalidad de ejercer mayor poder y eliminar derechos que antes se habían otorgado.” Añadió que la ley sólo se aplica al pueblo, porque quienes están en el poder la ignoran o modifican de acuerdo a sus intereses.

Sostuvo que de los cambios a las leyes relacionadas con la tenencia de la tierra prometían certeza jurídica a los campesinos e indígenas, pero han dado cabida a las sociedades mercantiles (empresas inmobiliarias, turísticas, mineras, petroleras) y “el problema de la tierra sigue siendo motivo de lucha y genera múltiples conflictos”. Expuso que esas reformas privilegian la expropiación muchas veces sin indemnización, lo que “significa que los proyectos de gobierno, ya sean trenes, carreteras o desarrollos comerciales turísticos, tienen prioridades sobre el uso que les estén dando a sus tierras en los ejidos”.

Explicó que las reformas constitucionales para permitir a militares realizar tareas de seguridad pública “aumenta el riesgo de despojo” por la construcción de cientos de cuarteles a lo largo del país, y la presencia militar en las comunidades “destruye el tejido social”.

La también asesora del EZLN durante los Acuerdos de San Andrés en 1996, planteó la necesidad de una nueva Constitución que se centre en el ser humano y las libertades, más que en la propiedad privada y sus recursos.

Eduardo Almeida y Tamara San Miguel, del Nodo de Derechos Humanos y del Enlace Urbano de Dignidad, expusieron que los derechos humanos son la base del discurso de los gobernantes, pero utilizados para justificar abusos contra los marginados, indígenas, campesinos y pueblo en general.

Con el argumento de la paz el gobierno ha militarizado, el desarrollo se convirtió en la coartada para el despojo, los derechos laborales justifican la explotación y los derechos de los pueblos indígenas es la coartada para folclorizarlos, detalló Almeida.

El activista sostuvo que la “pirámide del Estado Mexicano” se sostiene de quienes en el poder se reparten los cargos públicos, los proyectos “de despojo y muerte”, así como administran la caridad y la violencia.

“Los derechos no existen en realidad, lo que hay son favores y amenazas disfrazadas institucionalmente como garantías”, aseguró. San Miguel agregó que el capitalismo ha provocado una serie de “muertes masivas que tratan de ser borradas” y “está dejando escombros, fosas, que aun no alcanzamos a nombrar y dimensionar como humanidad”.

“Palestina es el espejo de la humanidad hacia el que nos dirigimos. El derecho internacional humanitario se encuentra en crisis”, alertó.

En el caso de México, ejemplificó, la realidad se materializa en las fosas y el dolor de las madres buscadoras, los feminicidios o los ataques de las fuerzas armadas como el asesinato en mayo de este año de las menores Alexa Medina y Leidy Rojas en Sinaloa por militares, pero que es minimizado como “daño colateral”.

Las actividades del semillero continúan hasta el 29. El 31 de diciembre y 1º de enero se realizará la ceremonia del 32 aniversario y un baile popular en el caracol de Oventic, municipio de San Andrés Larráinzar.