Más de 250 trabajadores pensionados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han interpuesto demandas para reclamar a esa institución un aumento salarial pendiente desde hace 10 años, el otorgamiento de vivienda y la aplicación del fondo de ahorro.

Desde 2015 han exigido una nivelación salarial del 4.6 por ciento del que fueron excluidos, luego de que aumentara 8 por ciento a mil 300 empleados: “A los demás, casi 8 mil trabajadores, nos excluyeron. A nosotros nos dieron nada más 3.4 de incremento. De esos afectados, entre académicos y administrativos, sólo 500 demandaron. Algunos han fallecido, otros se desistieron y quedamos 250 que seguimos en lucha por más de 100 millones de pesos de adeudo”, dice en entrevista Rogelio García Conde, integrante de la Comisión de Jubilados.

El alza salarial pendiente ha sido demandada en los expedientes del Segundo Tribunal Laboral de Puebla D-5/96/2015, acumulados D-5/118/2015, D-5/107/2019: “100 millones de pesos no son nada comparados con los miles de millones que maneja la universidad. Son miserables. Ni nos ve, ni nos oye la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien maneja indiscriminadamente el dinero, y sobre nuestras demandas dice que no somos sujetos porque son autónomos. No solamente maneja el presupuesto federal, sino también el estatal y el generado por recursos propios. Tuvimos que demandar y nos han puesto una serie de trabas porque hay confabulación entre la rectoría y la junta de conciliación número cinco. La decisión salió contra el laudo y nos amparamos. En febrero resuelven esto último”.

Más acciones legales

La anterior no es la única demanda interpuesta. El pasado 19 de agosto, en el expediente laboral 297/2025, los pensionados reclamaron su derecho al fondo de vivienda que la actual administración les ha negado.

Rogelio García explica que el caso data de 1980, cuando se fusionó un sindicato entre académicos y administrativos: “Tenemos pactado 5 por ciento del total de la nómina de la universidad para el fondo de vivienda, para construir, para los trabajadores, pero no se ha respetado”.

Mencionó que cuando Alfonso Vélez Pliego era rector y el secretario general del sindicato el físico Alejandro Salgado Escobar, reconocieron 500 millones de pesos para dicho fondo de vivienda, pero después no llegaban los recursos a la universidad y dispusieron que de ese fondo se pagara el complemento de los salarios, por lo que se prestaron a la BUAP mil 200 millones de pesos.

Sin embargo, ésta sólo ha mostrado desinterés: “No quiere reconocer ese adeudo argumentando que no tiene dinero. Acudimos al Infonavit para ver en qué situación se encontraba el fondo y nos dijeron que solamente había 48 millones pesos depositados por la universidad, pero del periodo 2020 a 2024”.

Esto demuestra, asegura, que la propia institución reconoce el adeudo: “Tenemos calculado que en ese fondo de la vivienda hay entre 13 y 15 mil millones de pesos, y no nos quieren entregar ese dinero; nos dijeron que desconocían el adeudo con los trabajadores. O no saben nada o se quieren hacer los listos”.

Añade: “Desde 1992 las diferentes administraciones lo han manejado a su antojo y utilizado para otras cosas. Seguramente lo gastaron o simplemente los rectores anteriores se lo llevaron. Así están las cosas”.

La otra demanda tiene que ver con el fideicomiso de jubilaciones y pensiones que la BUAP no les ha entregado: “Teníamos nuestras cuentas individuales en Banjercito, pero la universidad dijo que ese dinero no nos correspondía y lo canalizaron a Bancomer. De ahí, indebidamente, con 48 millones de pesos que teníamos, formó un fideicomiso de jubilaciones y pensiones”.

Añade: “Hoy ese fideicomiso tiene 6 mil 300 millones de pesos y es sostenido por nosotros. Primero nos descontaron 3 por ciento y fue subiendo hasta alcanzar 8. Hoy día nos descuentan 4 por ciento y la rectora dice que este año va a aumentar de nuevo la cotización para el fondo de pensiones. Estamos hablando de una cantidad enorme que no lo transparentan porque hay un alto grado de corrupción.”

Pobreza de ingresos

García Conde explica la precariedad económica en que viven los jubilados de la BUAP: “El salario quincenal es de 4 mil 182 pesos, pero muchos compañeros estamos por debajo de esa cantidad porque al momento en que nos jubilamos los salarios estaban acordes... sin embargo, la política de la universidad ha sido ajustarnos a los topes salariales que dicta el gobierno en materia de educación. En este caso fueron entre 3 o 3.4 por ciento. Eso hizo que nuestro ingreso se fuera hacia abajo. Fue el ex presidente López Obrador quien hizo varios aumentos y finalmente no nos los dieron”.

Dice que quieren ganar 4 mil 182 pesos a la quincena y no menos: “Por ejemplo, yo estoy 900 pesos abajo del salario mínimo, y así muchos compañeros. En las audiencias con las autoridades de la universidad, la respuesta siempre ha sido la misma. Nos dicen que no tienen dinero. Hay una cerrazón en querer solucionar la problemática de sus trabajadores activos y jubilados”.

Comenta que uno de los sectores más afectados son los maestros por hora-clase, que ganan 120 pesos por hora: “No llegan ni al salario mínimo; 80 por ciento de la plantilla académica la forman ellos. Sólo 20 por ciento es personal de tiempo completo de ABCD o investigadores”.

En cambio, dice que los ingresos de los funcionarios de primero y segundo niveles son bastante altos. “El salario base de la rectora estuvo por arriba de 120 mil pesos, aparte de las prestaciones y gastos pagados, como telefonía y transporte. Finalmente, no nos quieren dar los aumentos que nos corresponden. Nosotros ya pasamos la etapa de conciliación y en enero ya concluiremos la demanda de nivelación de salarios mínimos”.

García Conde considera que el actual sistema de la BUAP es neoliberal porque las ultimas administraciones han privatizado casi todo: “Antes, era sinónimo de izquierda, hoy no queda nada de eso. Desde que se implanta en la universidad el modelo neoliberal, en 1992, siendo rector José M. Doger Corte, se empezó a privatizar. La corrupción ha sido galopante. Entran pobres los rectores y salen millonarios. Doger Corte traía un vochito destartalado y salió millonario; su primo Enrique Doger también entró de manera muy precaria y salió bastante rico”.

Añade: “Ya no se diga del caso de Roberto Enrique Agüera Ibáñez, que hasta tiene jet particular. Alfonso Esparza igualmente salió millonario y en 2018 tuvo que dejar el país porque había auditoría forense por un faltante de varios millones de pesos; hizo un acuerdo con el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y le dio 50 millones de pesos para que parara la auditoría; por eso huyó. Ni siquiera entregó a la actual rectora, lo hizo de manera virtual. Obviamente, la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, sigue el tenor de este modelo neoliberal. La universidad ha sido privatizada”.

Dice que los servicios médicos de la BUAP los han concesionado: “La semana pasada mi esposa se hizo un estudio, un ecocardiograma y pagamos casi 2 mil pesos. Se supone que luego nos devuelve la universidad ese dinero; el problema es que muchos pensionados no cuentan con él para pagar estudios muy caros”.

Otro ejemplo de la privatización, señala, es que el servicio de radiología lo tienen concesionado a particulares: “Aquí también hay corrupción. A mi esposa le hicieron un ultrasonido de mama y le costó 942 pesos; en otros lados nos costaba 400 y tantos pesos; es decir, los precios de los lugares concesionados están inflados 130 por ciento. Hay un alto grado de corrupción, pero todo lo disfrazan concesionándolo o subrogando. Todo lo de laboratorio, químicas sanguíneas y estudios de orina, ya lo tienen también concesionado”.

“¿Como no va a tener dinero la universidad si nosotros lo estamos aportando?, pregunta Enrique Hernández López, también miembro de la Comisión de Jubilados: “La universidad recibe 10 mil millones de pesos anuales; de esos, mil 500 millones son de lo que ganan por venta de gasolina, préstamos por autos y todos los cobros que hacen”.

Los pensionados de la BUAP ya han sufrido muchas carencias, asegura. “Queremos que la rectora responda de acuerdo con la ley a nuestras demandas económicas y también que nos respete el servicio médico. Muchos compañeros se quejan porque las citas en el hospital universitario las están dando para dentro de seis u ocho meses y hasta dentro de un año”.

Añade: “La BUAP tiene la obligación de pagar lo que gastemos en medicamentos, y muchos compañeros que ganan menos del salario mínimo tienen que esperar hasta medio año para que les regresen lo que gastaron. Ya basta, queremos que nos den el servicio médico tal y como estipula el contrato colectivo, y queremos un salario digno para los trabajadores en activo y también para los jubilados”.

Para García Conde, investigar y sancionar la corrupción que existe en la BUAP es urgente. “En este momento el gobernador Alejandro Armenta es cómplice de la rectora Cedillo Ramírez. La presidenta Claudia Sheinbaum debería pedir cuentas a Cedillo Ramírez para que presente un informe muy preciso de los recursos económicos con que cuenta la institución, sin aceptar el chantaje de que son autónomas y por eso no rinden cuentas”.