a Comisión de análisis, seguimiento y evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) del Senado anunció que se encuentra en la recta final del proceso de elaboración de una iniciativa de ley que fomente un uso responsable de esta nueva tecnología. De acuerdo con el presidente de dicha instancia, el priísta Rolando Rodrigo Zapata Bello, se busca una norma flexible, capaz de responder a un fenómeno sumamente dinámico, para que México pase de ser un país adoptante de esta tecnología a uno desarrollador. Según declaró, se contemplarán los factores de riesgo y establecerán estándares técnicos para que exista transparencia sobre los datos con que se entrena un modelo y cómo funcionan los algoritmos, a fin de proteger a la ciudadanía al mismo tiempo que se incentiva la innovación.
No se puede dudar sobre la pertinencia de regular la IA e impulsar su desarrollo local, y queda claro que el éxito del Congreso en diseñar un marco normativo virtuoso será decisivo para la inserción del país en la economía global en las siguientes décadas. Vale la pena detenerse en algunos de los aspectos centrales que han de contemplar los legisladores al redactar la iniciativa.
Como ha mostrado el crecimiento exponencial de esta industria, no sólo es necesario regular la IA en sí misma, sino la forma en que las empresas la comercializan y adoptan. Desde el auge de la IA generativa, instituciones privadas con o sin fines de lucro se han apresurado a implementar herramientas de IA a fin de recortar costos salariales; muchas veces, sin evaluar de forma adecuada las consecuencias de sustituir personas por máquinas. Este patrón de conducta causa particular preocupación cuando tiene lugar en organismos de quienes dependen vidas humanas, desde aseguradoras, hospitales o centros de diagnóstico hasta líneas de atención a personas con desórdenes alimentarios o pensamientos suicidas. Es innegable que los modelos de IA son más capaces cada día, pero ello no necesariamente se traduce en que sean más éticos ni menos riesgosos. Lo cierto quizá es lo contrario: entre más poderosos se vuelven y más se acercan a imitar el pensamiento humano, más difícil resulta prever su impacto y evitar efectos nocivos.
En su carrera por conseguir la supremacía en inteligencia artificial y monopolizar ese mercado –como en las últimas décadas monopolizaron las búsquedas por Internet, el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de almacenamiento en nube y otros componentes esenciales de la vida digital–, los titanes tecnológicos no reparan en la destrucción ambiental y humana que dejan a su paso. A mediados de 2024, los centros de datos necesarios para entrenar a los distintos modelos de IA ya consumían más energía eléctrica que Francia (el octavo consumidor global), y se estima que en 2030 requiera tanta electricidad como las tres mayores economías europeas (Alemania, la citada Francia y Reino Unido); es decir, 8 por ciento del consumo total a nivel mundial. Si México se inserta en la economía de la IA bajo la misma lógica capitalista de competencia irracional, quizá logre pingües ganancias para un puñado de millonarios, pero será a expensas de los recursos naturales, la seguridad y la privacidad de la mayoría.
En suma, una regulación eficaz de la IA debe abarcar todos los aspectos e implicaciones de la tecnología que en estos momentos parece llamada a definir el siglo XXI: la recopilación, procesamiento y almacenamiento de los datos; la transparencia de los algoritmos; las pruebas previas a su implementación en contextos delicados; la armonía entre la libertad de expresión y el combate a los discursos de odio; la determinación democrática en torno a si un instrumento tan poderoso puede dejarse en manos de agentes privados carentes de escrúpulos; el equilibrio entre progreso tecnológico y derechos humanos (como el derecho al trabajo); la protección de la soberanía y el medioambiente; la salud mental; el posible deterioro de las facultades intelectivas humanas debido al abuso de la inteligencia artificial en la resolución de problemas cotidianos; por mencionar sólo algunos de los más evidentes. Cabe esperar que los legisladores tengan la altura de miras para dictar normas pertinentes, con base en la información más precisa y actual disponible, y guiados por la búsqueda del interés nacional y social.
